Investigada por hechos de corrupción, debió renunciar ayer la directora general de Fiscalización y Control de la ciudad, Vanesa Berkowski, sospechada de favorecer a empresarios de boliches nocturnos en las inspecciones porteñas a cambio de coimas.
Al menos, esa es la investigación que lleva adelante el Juan Ramos Padilla, quien acaba de concederle a la ex funcionaria una exención de prisión tras una caución de $ 350.000.
Berkowski es, además, la funcionaria que recibió en 2009 la denuncia de la ONG La Alameda sobre la existencia de 613 prostíbulos en la Ciudad, entre ellos, el que funcionaba en uno de los departamentos del juez de la Corte Eugenio Zaffaroni, tal como lo reveló Perfil.com.
Boliches. En la causa de corrupción, el juez tiene en su poder escuchas en las que aparece involucrada Berkowski en gestiones para que no se inspeccione boliches que presuntamente pagaron "coima" para que así sea, o para enterarse con tiempo cuándo caerán los inspectores, para ponerse en regla hasta entonces.
Tras el escándalo por el presunto acto de corrupción, en el que también habrían participado los gestores Leandro Camani, Federico Garaglia y el abogado Matías Pantarotto, la funcionaria debió renunciar. Pero en su carta de dimisión denunció que los impulsores de la investigación representan "intereses económicos" a los que ella "enfrentó denodadamente". Y también acusó al juez de actuar con "animosidad" contra su persona, según publicó hoy el diario La Nación.
"Doy un paso al costado para salvaguardar mi nombre y el de mi familia. Siempre he estado a derecho, sin requerimiento alguno, presentando descargos y multiplicidad de pruebas ante su señoría, quien en cada uno de sus dichos demuestra animosidad contra mi persona y contra toda la gestión del ingeniero Mauricio Macri, utilizando vocabulario no acorde a su investidura, llegando al prejuzgamiento", señaló en la carta.
Y agregó: "Las circunstancias se encuentran empañadas por enfrentarme denodadamente con intereses económicos ocultos de establecimientos comerciales infractores que han sido denunciados y hasta inhabilitados judicialmente, cuyos explotadores comerciales resultan en la actualidad los propulsores de la falsa denuncia bajo investigación". Luego, aseguró que recibió amenazas.
Prostíbulos. Berkowski es la funcionaria porteña que recibió en 2009 la misma denuncia que el procurador general de la Nación, Estaban Righi: la existencia de 613 prostíbulos en la Ciudad, donde se sospechaba que incurrían en el delito de trata de personas. Entre ellos, se encontraba el que funcionaba en uno de los departamentos de Zaffaroni, tal como lo reportó Perfil.com, y que desencadenó el escándalo.
La denuncia fue realizada por más de un centenar de organizaciones sociales, entre ellas La Alameda, ONG dedicada a la lucha contra la trata de personas. Esta misma ONG, por caso, fue inspeccionada en 2008 por orden de la propia Berkowski un día después de que ésta le enviara una denuncia contra una red de prostíbulos, según consignaron investigaciones periodísticas de aquel año.
