Los gobernadores peronistas apoyan el proyecto oficial sobre impuesto a las Ganancias y no quieren que se le pongan retenciones a la minería. Según reconstruyó PERFIL, en conversaciones con los mandatarios provinciales, las iniciativas opositoras no son bien vistas por ellos, porque ese impuesto es coparticipable y genera muchos recursos.
Para tener una dimensión de lo que significa para los gobernadores la coparticipación por Ganancias, el salteño Juan Manuel Urtubey alega que por la modificación que se hizo a principios de año, su provincia perdió $ 1.500 millones. Y proyecta una pérdida mayor si hay otra modificación sustancial.
El gobernador de Chaco, Domingo Peppo, recibió en un año $ 10 mil millones por el impuesto. Si bien con el proyecto oficial es con el que menos dinero perderían, según un trabajo que hizo la consultora EGES, Buenos Aires tendría $ 2.247 millones menos el año que viene de aprobarse la iniciativa.
“Nosotros vamos a apoyar el proyecto oficial de impuesto a las Ganancias”, dijo a PERFIL el gobernador de San Juan, Sergio Uñac. Como su provincia es minera, agregó que no está de acuerdo con que le vuelvan a poner retenciones a la actividad, porque provocaría un impacto en la economía.
Urtubey tampoco está dispuesto a retrotraer la situación con la actividad minera, porque, sostiene, sería una mala señal y ahuyentaría las inversiones. “En la actividad minera, una inversión puede significar US$ 500 millones y hasta cinco mil puestos de trabajo. Ponerle retenciones podría alejar la inversión”, explicó un ministro salteño.
El problema está entre lo que piensan los gobernadores y sus diputados y senadores. Los legisladores son los que tienen que alzar la mano para aprobar una iniciativa que potencialmente perjudique a los trabajadores. Eso, en un escenario en el que hay, por ejemplo, veinte diputados que provienen del sindicalismo, es bastante improbable. Las apuestas indican que el Gobierno quizás pueda salirse con la suya en Senado, donde los gobernadores tienen más peso, pero que le costará más en la Cámara de Diputados.
En lo que va del año, las provincias, según el informe de EGES, recibieron $ 177.232 millones, una cifra que los mandatarios pretenden preservar. O al menos, no perder significativamente en la disputa. Por eso, los mandatarios trabajaron con el Gobierno el proyecto y esperan que el que se apruebe no sea radicalmente distinto.