El fallo de la Corte Suprema que frenó la suba de la tarifa del gas encendió alarmas en el Gobierno por una relación que podría traer más problemas a futuro: quedó en evidencia que no hay un canal de información confiable con el máximo tribunal, y menos aún con la nueva composición. Esta situación llevó a Mauricio Macri a habilitar múltiples operadores para que busquen acercar posiciones con los jueces. La situación, según graficó un funcionario, “se desbordó”.
A pesar de que la administración Macri hace alarde de la independencia de poderes y la no interferencia en el Poder Judicial, el jueves en el Gobierno se terminó de consolidar la idea de que es necesario mejorar los puentes. Originalmente, había tres canales formales: el ministro de Justicia, Germán Garavano; el secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas; y el Procurador del Tesoro, Carlos Balbín.
“En algún momento, la situación se desbordó, porque se multiplicaron los canales comunes”, explicó una fuente calificada. Informado de que el panorama al que se enfrentaban en la Corte Suprema no era positivo, Macri decidió sumar a más gente. Así es como, por ejemplo, contactó a Miguel Angel Toma y a Ernesto Sanz para que negocien con los magistrados. A ellos se sumaron también gran parte de los gobernadores, quienes no sólo mediáticamente apoyaron el tarifazo sino que también levantaron teléfonos para comunicarse con el Palacio de Tribunales.
Dentro del Gobierno, también avanzó sobre la Corte Suprema el vicejege de Gabinete, Gustavo Lopetegui. Incluso hay quienes le asignan haber mantenido un entredicho con Horacio Rosatti.
Toma apuntó sobre todo a Juan Carlos Maqueda, otro peronista a quien conoce de larga data. Sanz, en tanto, tiene una fluida relación con Lorenzetti y aceitados contactos dentro de los tribunales. “Fueron llamados como al SAME, de urgencia y con el paciente medio muerto”, describió una fuente que supo de los esfuerzos del Gobierno para sumar más operadores. “Remando la cuesta se pudo revertir lo que era una goleada, y que inclusive terminó en empate”, concluyó.
Esa percepción fue la que intentó instalar el oficialismo pocos minutos después de asumido el golpe. “El Gobierno no festejó, claramente”, señaló uno de los juristas de Cambiemos. Pero tanto él como otro de los asesores jurídicos de Macri coincidieron en que el fallo tiene “aspectos positivos”. La obligación de hacer audiencias para fijar el precio en boca de pozo cayó mal, pero que se haya reducido sólo a los usuarios residenciales y que se hayan ordenado los reclamos colectivos, fue bien visto. “Igual yo nunca tuve la percepción de que iba a ser un fallo favorable”, afirmó.
Cambios supremos. Los nuevos vientos que se viven en la Corte también obligan a un cambio. Antes, las negociaciones las centralizaba Lorenzetti, pero ahora cada juez volvió a tener mayor independencia. Hay un rearmado de poder, y eso también sirvió como aprendizaje para el Gobierno.
Incluso, hay quienes ponen en duda la actitud de Lorenzetti en su último encuentro con Macri. Allí, le habría pintado un panorama de tranquilidad para el Gobierno que no era real. “No es así, Lorenzetti se portó bien desde el principio”, retrucó otro dirigente.
La conclusión, de todas formas, fue que el presidente de la Corte logró un triunfo político: Rosatti, uno de los dos nuevos que designó Macri, fue quien tuvo una posición más dura para con el Gobierno.
“Esto fue una cuestión circunstancial, y lo lógico es que vuelvan a encauzarse los canales naturales”, reflexionó el funcionario que analizó la situación como “desbordada”.
