La propuesta de reconciliar a las víctimas de la represión con las de la guerrilla sacudió la cumbre de la Iglesia católica que se celebra en Pilar. Sus autoridades debieron aclarar en público que no está promocionando un encuentro entre los dos sectores, porque sin arrepentimiento no hay “perdón posible”.
Sin embargo, según pudo reconstruir PERFIL, fueron miembros de la propia Iglesia quien filtraron esa versión y provocaron el enojo de otros ámbitos de la Iglesia. El plan de reconciliación existe desde hace años y es promovido por algunos obispos como Jorge Casaretto. El religioso lo había intentado impulsar en el pasado, cuando se reunió con funcionarios kirchneristas para proponerlo, pero se topó con la negativa de la ex presidenta Cristina Kirchner.
El miércoles, los obispos escucharon a Graciela Fernández Meijide y Cristina Cacabelos, familiares de desaparecidos, y a Daniel D’Amico, hijo de un militar asesinado por Montoneros. Según fuentes del Episcopado, eso estaba programado desde hace meses, y nada tiene que ver con un pedido de la Iglesia de reconciliación, sino de entender la problemática de los ‘70 y generar un espacio de diálogo.
De todos modos, hubo quienes lo motorizaron en el pasado y lo reflotaron ahora. El obispo de San Juan, Carmelo Giaquinta (que falleció), impulsó en su momento el proyecto “70 veces 7” que hacía alusión a un pasaje de los Evangelios, en el que Jesús responde que podría perdonar 70 veces 7 a sus enemigos.
En ese marco, se incorporaron D’Amico y Cacabelos, aunque no Fernandez Meijide, pero el plan quedó trunco tras la muerte del obispo. Lo hizo propio Casaretto, que hoy es obispo emérito, y que sigue teniendo gran influencia en un sector de la Iglesia.
La exposición de las víctimas en Pilar alteró los planes de los obispos, que debieron armar una estrategia de defensa para evitar que la imagen de la Iglesia saliera perjudicada. El problema tomó mayor dimensión porque, en paralelo, ocurrieron dos hechos que alimentaron el malestar de los organismos de derechos humanos. El primero fue el fallo de la Corte Suprema que otorgó el beneficio del 2 por 1 a un represor condenado por delitos de lesa humanidad. El segundo fue el pedido del ex militar Emilio Nani, acusado de delitos en la represión, de obtener asilo político en el Vaticano, argumentando que en Argentina “no hay garantías constitucionales”. El nuncio apostólico, Emil Scherring, que también está en Pilar, le negó el acceso a la nunciatura.
Pero ese no es el único tema que tratan por estos días los obispos. También, dialogan sobre un protocolo para los casos en los que se detectan abusos por parte de los sacerdotes. Mañana finaliza la cumbre y todavía discuten si habrá o no un documento con las conclusiones del encuentro. El próximo mitín del Episcopado será en noviembre. La incógnita es si el Papa Francisco avala o no el reencuentro entre víctimas de la represión y de la guerrilla. Fuentes diplomáticas dijeron a PERFIL que el ex arzobispo de Buenos Aires mantuvo al respecto una postura ambigua. Los organismos de derechos humanos repudiaron el intento de acercamiento e incluso la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, hizo una suerte de escrache en Pilar. “Ni olvido ni perdón, 1000 años de prisión”, fue la consigna. El temor de los organismos es que se reavive la teoría de los dos demonios, y aseguran que hay un contexto político que favorece esa discusión.
