POLITICA

Rucci, Moreno Ocampo, el periodismo argentino y la Justicia

El autor de Operación Traviata analiza la situación de la causa, a 38 años del crimen del sindicalista.

Producido por la Redacción de Perfil

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30-09-2011 14:30

Si la justicia llega a la conclusión de que el asesinato de José Rucci fue realizado por un grupo montonero, como es la hipótesis central de mi libro Operación Traviata, es probable que la causa vuelva al archivo ya que la composición actual de la Corte Suprema de Justicia, y el gobierno, entienden que los delitos de los grupos armados no son de lesa humanidad y por lo tanto prescriben como cualquier crimen común y silvestre.

No está de más recordar, aunque sea políticamente incorrecto, que hay quienes tienen una interpretación más amplia de los delitos de lesa humanidad, como Luis Moreno Ocampo, fiscal ante la Corte Internacional de La Haya, quien sostiene que, en general, también la guerrilla puede cometer crímenes de lesa humanidad ya que, en su opinión, la clave no está en quien realiza estos hechos sino en quienes los sufren. Es decir, también una organización que no sea estatal puede cometerlos.

Pero, como la realidad es la única verdad, en la justicia federal prevalece, y más aún en este momento de nuevo esplendor político del kirchnerismo, la tesis de que sólo el Estado puede cometer delitos de lesa humanidad.

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Podría ser distinto si el juez Ariel Lijo lograra establecer que hubo colaboración de funcionarios del gobierno de la provincia de Buenos Aires con los atacantes de Rucci, como me lo dijo un ex funcionario cuyo nombre mantengo en reserva de acuerdo con el secreto periodístico, que está contemplado en la nueva Constitución y en normas internacionales.

La hija de la víctima, Claudia Rucci, asegura conocer el nombre de esa fuente, pero eso corre por cuenta de la investigación que ella ha realizado en los últimos tiempos, según declaró públicamente al presentar una lista de 13 ex montoneros que quiere que la Justicia cite a declarar como testigos.

Este presunto vínculo del grupo atacante hace ingresar la causa en un terreno resbaladizo ya que hay quienes sostienen que aún cuando se probara esta colaboración eso no bastaría para indicar que el estado bonaerense participó de ese atentado.

Son disquisiciones jurídicas a las que un periodista poco puede aportar, salvo preguntas y dudas. Además, el tema judicial no me interesa demasiado ya que, si bien comprendo el deseo de los familiares, amigos y colegas de Rucci de que se haga justicia, para mí, como periodista, lo más importante es la verdad histórica.

En realidad, no siempre son deseos incompatibles ya que, a falta de justicia, la verdad puede ser un buen bálsamo, como en su momento lo entendieron los parientes de los detenidos desaparecidos de la dictadura, que, cuando regían las leyes de obediencia debida y punto final, reclamaron y lograron que los tribunales investigaran la verdad histórica.

En el campo judicial, un periodista tiene técnicas más bien rudimentarias para encontrar indicios o pruebas que confirmen o no sus hipótesis, si se las compara con las técnicas a disposición de un juez.

Por ejemplo, un periodista no puede obligar a declarar con la policía a un testigo renuente ni meterlo preso si no dice la verdad; tampoco puede librar un exhorto a organismos públicos o empresas privadas reclamando datos; menos, puede allanar una vivienda o una oficina en busca de pruebas ni puede pedir a la Policía Federal que le rastree el domicilio del cuartel general del grupo agresor. En simultáneo, un juez necesita pruebas de una cierta densidad, que sean incontrastables, para privar de la libertad a una persona.

Claro que un periodista puede tener libertad, voluntad y conocimientos profesionales, pero eso no lo convierte en un juez, ni en un fiscal ni en un policía. Sólo el repetido fracaso de la justicia en investigar ciertos tipos de delitos, relacionados con el poder, puede haber convencido a algunos de que un periodista es un justiciero.

(*) Especial para Perfil.com