La provincia de Buenos Aires se constituyó hoy en la primera del 2009 en reclamar mayores recursos del régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, en el inicio de un año electoral y doce años después del vencimiento del plazo constitucional para la sanción de una nueva ley al respecto.
El reclamo estuvo a cargo del ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal, quien pidió mayor coparticipación federal para la provincia y consideró que "no es justo que reciba tan bajo porcentaje siendo el Estado que más aporta a la recaudación nacional".
En su demanda por un incremento en la coparticipación federal de impuestos para la provincia, Casal argumentó que "este año se van a sentir los coletazos de la crisis económica global y se van a resentir los ingresos públicos y la verdad es que no es justo que Buenos Aires aún no tenga coparticipación del tributo al cheque y que no tenga fondos como ha tenido durante tanto tiempo, para sostener los bolsones de pobreza más grandes que son del Conurbano".
Las quejas del funcionario de la administración de Daniel Scioli sobre la falta de coparticipación del impuesto al cheque tiene lugar pocos días después de que en el Congreso nacional se aprobara (con el voto, entre otros, de diputados y senadores bonaerenses) la prórroga de la ley que establece esa forma de reparto.
En declaraciones realizadas en Radio Provincia -emisora oficial del gobierno bonaerense-, Casal señaló que "es necesario tener un diálogo muy fuerte con el gobierno nacional para entender que la provincia representa el 40 por ciento del PBI del país y no obstante no disponga de los fondos necesarios para atender la pobreza que sufre el Conurbano".
Los reclamos de la provincia de Buenos Aires por lo que considera un desequilibrio entre lo que aporta y lo que recibe en recursos fiscales son históricos (aunque cuando llega la hora de votar en el Congreso no se oyen disidencias) y parten del cruce de los principales criterios que se utilizan para determinar los porcentajes a distribuir entre la Nación y el conjunto de las provincias (distribución primaria) y entre estas últimas entre sí (distribución secundaria).
Esos criterios son el devolutivo (se le da a cada distrito en función de lo que aporta) y el redistributivo (se le otorga de acuerdo con lo que necesita para su desarrollo), que generan una obvia tensión entre las provincias denominadas "grandes" que priorizan el primero, y las "chicas" que se vuelcan a favor de la segunda opción.
La Constitución de 1853 -y en rigor, todo ordenamiento político federal- estableció que es facultad de las provincias la fijación y recaudación de impuestos, pero las transformaciones políticas y económicas derivaron en la creación de 1935 de un régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, mediante el que las provincias delegaban esa facultad en la Nación, que se comprometía a redistribuir lo recaudado con criterios equitativos.
El régimen se fijó con una duración de cincuenta años, por lo que en 1985 debió prorrogarse de hecho, hasta que en enero de 1988 se sancionó la ley 23.548, que desde entonces tuvo decenas de modificaciones. Precisamente esos cambios a la ley son los que objetan las provincias, por entender que de esa manera se las fue perjudicando en el reparto de fondos.
En ese sentido, si bien la ley de Coparticipación asigna a las provincias el 54,66 por ciento del total de la masa coparticipable, algunos gobernadores aseguran que en realidad reciben menos del 30 por ciento. Olvidan que el ámbito para quejarse es el Congreso.
Fuente: DYN
