Más de 300 páginas, 38 involucrados, 3 hechos y una importante variedad de delitos forman parte de la causa que involucra al ex gobernador Daniel Scioli y cuyo pedido de elevación a juicio oral y público conocido ayer lo deja a un paso del juicio oral y público en su contra. La presentación fue realizada por el fiscal del caso, Alvaro Garganta, y ahora queda en manos de la jueza de Garantías, Marcela Garmendia, decidir si hace lugar. Scioli está considerado como autor de tráfico de influencias pasivos en uno de los hechos investigados, y como coautor en dos de ellos.
El requerimiento del fiscal fue para elevar un tramo de la causa, que además de al ex gobernador involucra, entre otros, a su ex ministro de Salud Alejandro Collia, a su ex jefe de Gabinete Alberto Pérez y al empresario Ricardo Miller.
Bajo la lupa de la Justicia quedaron la construcción de varias Unidades de Pronta Atención (UPA), que se hicieron durante la gestión de Scioli. La Justicia determinó que en varias de ellas, a las licitaciones fueron convocadas empresas que no podían concursar, porque no estaban inscriptas en el Registro de Proveedor o porque se dedicaban a otros objetivos, todo con el fin de direccionar la contratación a favor de Miller, con quien Scioli, para la Justicia, tenía una “relación personal y comercial” y por las “dádivas que recibía”.
De acuerdo con el escrito de Garganta, de todo lo recopilado en el caso “surgen indicios vehementes que entre 2011 y 2015 –según lo hasta ahora investigado– el ministro de Salud bonaerense, influido por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, adjudicó de manera irregular la realización de nueve obras públicas por más de 117.000.000 de pesos, consistentes en la construcción de ocho Unidades de Pronta Atención (UPA) y la ampliación de una de ellas, todas en favor de la empresa Miller Building International SA”. Garganta aseguró que eso fue “con motivo de la relación personal y comercial que el gobernador mantenía con su presidente y accionista mayoritario, y además, por las dádivas que el primer mandatario percibía de este por su rol”.
Pruebas. El fiscal agregó: “En efecto, la advertencia de anomalías en todos los expedientes y que confluyeron siempre a beneficiar a la misma persona, me permiten descartar la posibilidad que se haya tratado de errores propios de la administración, y con ello fortalecer la existencia de una intromisión en la ‘voluntad negociadora del Estado’”.
En otro de los tramos de su escrito, Garganta aseguró que “iniciado el proyecto de las UPA, durante la gestión del referido Scioli se concretaron un total de 19 unidades de las cuales, las identificadas con los números 1 al 4 fueron adjudicadas a la empresa brasileña Grupo MBP (Metalúrgica Barra do Piraí), y las restantes identificadas con los números 5 al 19 lo fueron en favor de la empresa Miller Building International SA (MBI), la que a su vez tuvo a su cargo tres ampliaciones de obras en dos de dichas UPA (Los Hornos y Lezama)”. Y agregó que “sobre ese piso de análisis, mal podría argumentarse su falta de responsabilidad, por no haber intervenido directamente en la suscripción de las adjudicaciones”.
Garganta vinculó la relación personal y comercial que el ex gobernador tenía con Miller, el incremento patrimonial del empresario, en conjunto con “el confeso manejo que el primer mandatario tenía sobre las políticas públicas; y el especial interés que tenía respecto de la realización de las UPA (y su tipo de construcción no convencional)”.
