Desde la llegada de Cambiemos al poder, se señaló a Daniel Rafecas como uno de los jueces que el macrismo no quería en tribunales. Tras la destitución del camarista Eduardo Freiler, parecía que le había llegado el turno al magistrado y se inició un proceso para pedirle el juicio político.
En diciembre pasado, Rafecas se presentó ante la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura, órgano encargado de la designación y remoción de magistrados. Fue en el marco del expediente que se le sigue por haber desestimado en dos ocasiones sin ordenar una sola medida de prueba la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros ex funcionarios por el Memorándum con Irán.
A Rafecas se le atribuye una “intolerable parcialidad” durante su actuación a cargo de la causa impulsada por Nisman. Entre los 315 firmantes de la solicitada en la que se lo cuestionó, había la de la diputada Elisa Carrió, quien lo denunció en 2015 por su desempeño en el expediente.
No obstante, hubo un giro en la dirección que seguía el Gobierno, tal y como adelantó la edición impresa del diario PERFIL del 31 de diciembre pasado. En esa nota, un importante funcionario afirmó que Carrió le pidió al senador radical Angel Rozas, quien integra el Consejo de la Magistratura, que congelara la acusación en el organismo contra Rafecas al creer que no se lo podía desplazar pero sí cabría una sanción disciplinaria.
Según anticipó el diario Clarín, el oficialismo formalizará este jueves su voluntad de no promover juicio político al juez. El representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Juan Bautista Mahiques, presentará un dictamen alternativo al de Rozas.
El caso clave. En abirl de 2017, la Sala II de la Cámara Federal Porteña había ordenado reabrir una causa contra Carrió, por lo que el juez Rafecas citó por tercera vez a ratificar la denuncia al joven Saúl Enrique Paz, quien acusó a la diputada de los delitos de cohecho, dádivas, enriquecimiento ilícito, malversación de caudales públicos y lavado de dinero.
Cuando declaró, el joven confesó que lo hizo por dinero, tal y como se puede extraer de sus declaraciones a las que accedió PERFIL. El albañil que vive en Presidente Derqui, partido de Pilar, reconoció que le pagaron $1500 para "firmar unos papeles" y que jamás supo de que se trataba. En 2016 estaba desocupado cuando lo contactó un conocido de su barrio y le hizo la oferta: "Yo no sé ni lo que dice eso", declaró ante Rafecas cuando el juez le preguntó el 11 de mayo si ratificaba o rectificaba la denuncia contra la diputada de Cambiemos. Ante tal evidencia, el magistrado decidió cerrar la investigación.
