La carambola político-económica ya estaba lista. El acuerdo PRO-kirchnerista estaba cerrado en la Legislatura porteña; el macrismo contaba con los cuarenta votos necesarios para crear una agencia estatal que pudiera vender terrenos públicos; Horacio Rodríguez Larreta planeaba garantizarse gobernabilidad, recursos y visibilidad; las grandes inmobiliarias proyectaban nuevos edificios en Belgrano y Colegiales, y algunas productoras audiovisuales (quizás la de Adrián Suar) también iban a resultar beneficiadas.
A último momento del jueves pasado, sin embargo, una (casi) fractura en el FpV puso el proyecto en pausa: sin los 12 votos del bloque presidido por Carlos Tomada, dividido entre cinco peronistas ortodoxos y unos siete cristinistas, los 28 legisladores macristas prefirieron no arriesgarse. Con o sin los votos del FpV, el larretismo apuesta a que el proyecto se apruebe, y ya activó negociaciones con la UCR y la Coalición Cívica. En la Legislatura, casi todo se puede charlar.
La creación de la llamada Agencia de Bienes está en la agenda del PRO desde 2008, cuando Macri era alcalde. Nunca prosperó. Pero tras el triunfo, Rodríguez Larreta la anotó como prioridad.
Esa especie de inmobiliaria estatal le permitiría al gobierno vender, subastar o concesionar inmuebles de dominio público. Los otras dos patas del proyecto, a su vez las más controversiales, incluyen la venta de parte del Tiro Federal Argentino, en Núñez, y El Dorrego, en Colegiales.
En las 17 manzanas del Tiro Federal, el plan macrista es achicar ese club a una quinta parte, y dividir el lote restante: los terrenos ubicados sobre Libertador se venderían para construir torres (desde la inmobiliaria TGLT ya anunciaron un posible mini Puerto Madero), y en la otra parte Larreta sueña con un Parque de la Innovación, suerte de Silicon Valley porteño.
El Dorrego se dividiría en dos: una mitad para subastar, y la otra para un centro metropolitano que concentraría distintas ramas de la industria audiovisual. Ahí, dos años atrás y con el guiño de Macri, Adrián Suar pensaba ampliar su productora. Y si bien algunos cambios recientes en el proyecto dificultan esa hipótesis, no la anulan del todo.
La iniciativa se aprobó originalmente el 3 de diciembre último. En uno de esos acuerdos difíciles de entender desde la mirada nacional, el macrismo contó con los votos del FpV. Para convertirse definitivamente en ley necesita un nuevo aval de la Legislatura, tras la audiencia pública que se concretó la semana pasada. Ahí, vecinos, comuneros y ONGs escenificaron su rechazo a los gritos. “La privatización no soluciona la crisis habitacional. La empeora y sólo genera negocios inmobiliarios”, afirma Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad.
El contexto de guerra fría entre el macrismo y el kirchnerismo volvía más incómoda la presentación del nuevo pacto. De ahí la rebelión de algunos legisladores K.
