Felicitas, la secretaria de Enrique Petracchi, presidente de la Corte Suprema de Justicia, llamó por lo menos cinco veces a la Casa de Gobierno: su jefe quería tener una entrevista urgente con el presidente de la Nación. El trato de la Rosada nunca dejó de ser amable y aparentemente expeditivo: claro, cómo no, apenas pueda, nosotros le avisamos, por supuesto, claro, claro. Pero la confirmación nunca llegaba.
Recién después de la feria judicial, Felicitas escuchó buenas noticias del otro lado del teléfono. Apenas entró por la explanada de la calle Rivadavia, Petracchi se encontró con un asistente de Alberto F que se ofreció a guiarlo hasta la oficina del jefe de Gabinete. El presidente K no podía recibirlo; la entrevista sería con dos Albertos:Fernández, claro, e Iribarne, el ministro de Justicia.
Petracchi relató, resignado, su propuesta: que se votara en el Congreso una ley estableciendo un nuevo criterio de “mayoría provisoria” para el máximo tribunal de la Argentina. La Corte proponía al Ejecutivo que mientras no se definiera su composición de siete o nueve miembros, los jueces pudieran votar bajo el criterio de una mayoría de cuatro. Petracchi se atajó aclarando que la propuesta podía ser extraña pero era legal y, por otro lado, la única forma que se les ocurría para salir del nudo que les plantea el voto por la pesificación. Alberto F perdió la sonrisa y le dijo, seco:
—De ninguna manera. No vamos a proponer eso.
Y la reunión siguió sólo por algunos minutos, en los que hablaron de bueyes perdidos.
—No les gusta la mayoría que queda si se reduce el voto a cuatro –confió ese mismo día a PERFIL uno de los miembros del tribunal–. Así siguen teniendo la posibilidad de nombrar dos jueces amigos en el caso de que tengamos alguna causa que no quieran perder por nada del mundo.
Para Petracchi, ésta fue su última gestión como presidente del cuerpo: en noviembre dejará de serlo y por lo menos dos fuentes del tribunal afirmaron a este diario que Lorenzetti es el candidato casi obvio a sucederlo.
Noviembre llegará en diez minutos y aún entonces el presidente K seguirá desconociendo un decreto que lleva su firma: el 222, cuyo artículo cuarto dice, textualmente: “Establécese que, producida una vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un plazo máximo de treinta días se publicarán en el Boletín Oficial y, por lo menos, en dos diarios de alcance nacional (el decreto no lo dice pero uno de ellos será, seguramente, Página/12) durante tres días, el nombre y los antecedentes curriculares de la o las personas que se encuentren en consideración para la cobertura de la vacancia”.
“Creemos que desde el Gobierno están buscando un proceso de degradación. Por cada causa que no juntamos mayoría, hay que llamar conjueces, un trámite que complejiza todo. Si esto sigue así, eternamente la Corte puede volverse todavía más lenta, dando la imagen de que no trabajamos”, confesó a PERFIL uno de los jueces de la nueva camada.
La Corte tiene treinta y seis mil causas por año. Durante el menemismo, el promedio de causas fue de catorce mil. El Tribunal resuelve, por año, 14.770 causas, para lo que cuenta con 192 funcionarios de alta jerarquía y 2.341 funcionarios administrativos. La Corte Suprema de los Estados Unidos decide entre noventa y setenta causas por año, en un país con casi 7 veces mayor número de habitantes que la Argentina.
La estrategia oficial de postergar la definición sobre el número de jueces como barrera a una eventual pronunciación de la Corte sobre la pesificación es desde hace años un secreto a voces. Si el Gobierno no impulsa la reducción del número de jueces ni cubre las vacantes, la mayoría de votos que hace falta para firmar una sentencia sigue siendo de cinco –como cuando eran nueve– pero sobre un total de apenas siete jueces en funciones. No se trata de alcanzar la mitad más una de las voluntades, un 55%, sino de conseguir una cantidad de votos que, en realidad, representa el 71% de los miembros del Tribunal.
La resolución de los cuarenta mil amparos presentados por la pesificación de los depósitos bancarios es una de las claves que explica la morosidad del Ejecutivo: hay cuatro jueces dispuestos a avalar la dolarización, alguno de ellos con algún reparo, pero sólo sería posible un fallo positivo con el voto de un quinto juez, algo que podría suceder si se reduce el número de miembros modificando el criterio por el que se decide la mayoría, o se lo amplía. Con la destitución de Boggiano y la renuncia de Belluscio (uno, hijo del Pacto de Olivos y el otro, miembro de la mayoría automática menemista), sólo quedaron dos jueces dispuestos a avalar la devolución de los depósitos bancarios a $ 1,40 más CER por dólar depositado: Juan Carlos Maqueda (nombrado por Duhalde) y Elena Highton de Nolasco (la única que tiene un verdadero vínculo con el Gobierno a través de su íntima amiga Marcela Losardo, secretaria de Justicia. Losardo es parte del entorno amistoso de Alberto F).
Ricardo Lorenzetti y Carmen Argibay (según diversas fuentes, la verdadera “indomable” de la Corte) estarían dispuestos a devolver a los ahorristas en pesos el ciento por ciento del valor de mercado de los dólares que depositaron, y Raúl Zaffaroni apoya la devolución en dólares de los depósitos inferiores a ciento cuarenta mil. Petracchi no vota porque está excusado y Carlos Fayt, que acaba de cumplir 88 años, es el único partidario de redolarizar los depósitos.
En los pasillos del Palacio, sin embargo, hay quienes sostienen a media voz que no es ésta una pelea verdadera, sino una estudiada lucha de catch, en la que los golpes parecen pero no son.
TITANES EN EL RING
“Esta Corte jamás declaró inconstitucional una ley de K –dice a PERFIL un viejo lobo de la sala de periodistas del Tribunal–. El escenario está lejos de ser de enfrentamiento o de presiones. Hay una excelente relación entre la Corte y K. Salvo con Argibay, a la que ni el Gobierno ni sus pares tienen verdadera llegada. El resto está bastante sobreactuado. Como en la era K, ¿no?” Un rápido repaso del archivo permite confirmar que lo de las leyes es estrictamente cierto: todas las cuestionadas por el Tribunal pertenecen a la década del 90: ART, solidaridad previsional, límite a las indemnizaciones. “Ahora dicen que el fallo de las jubilaciones los sorprendió –dice el viejo testigo de tormentas judiciales con una sonrisa cínica–. Si los sorprendió es porque no leen La Nación, porque salió publicado lo que iba a pasar el 19 de abril, y vos sabés que esta gente lo único que hace es leer hasta el Billiken, a ver dónde los critican. ¿Sorpresa? Tuvieron tiempo de sobra para conversarlo “amigablemente”, incluso hubo pequeños cambios que algunos atribuyen a la mano de Alberto. Ojo, es una buena Corte, y con buenos integrantes, ¿eh? Pero K necesita mostrar que combate, y yo no termino de entender por qué ellos le hacen el juego...”
“Es una buena Corte –asegura a PERFIL un ex miembro del Tribunal– pero hasta ahora no hubo nada que disciplinar.
Esta Corte, a diferencia de la anterior, mantiene con el Gobierno un diálogo orgánico y estructurado. Hablan con Zannini, mucho con Alberto y poco y nada con Iribarne, mucho menos de lo que a él le gustaría. Lo interesante es que si algo alterara el statu quo que hoy se mantiene entre K y la Corte, el Presidente pega un volantazo y les mete dos miembros más. Esa es su carta.”
“Si hay que identificarlos –confiesa a PERFIL un empleado jerárquico del tribunal– ,yo te diría que Lorenzetti y Zaffaroni son ‘cristinos’, Maqueda es un tipo equilibrado, duhaldista, que no es del riñón K ni quiere serlo, y ojo con Fayt, que estará grande y cansado pero en los temas sensibles tiene votos importantes. Petracchi casi no habla con nadie: de vez en cuando con Highton y al resto los detesta. Sentimiento recíproco, ¿eh? El 1,40 está casi consensuado, pero el gran tema de la Corte independiente va a ser el fallo del diario Río Negro contra Sobisch por discriminación en la publicidad oficial. Ellos nunca fueron contra K, pero este caso será un antecedente para la denuncia de Fontevecchia contra K por discriminación contra PERFIL y Noticias. Ahí, ¿de qué se van a disfrazar?”
Cada tanto, la mirada de Ricardo Lorenzetti se pierde en su despacho y vuela, libre, hacia la nada.
Cada tanto, un obstáculo se presenta y lo trae hacia la vida real de un tirón: al lado de su escritorio, encima de una pila de expedientes que descansa sobre una antigua biblioteca de roble lustrado, está el fallo que la Corte Suprema menemista dictó sobre el reparto de la publicidad oficial.
Lo que desvela el descanso de Lorenzetti es una causa del diario Hoy de La Plata contra el entonces intendente, Julio Alak, por discriminación en la publicidad del gobierno local. Lorenzetti sabe de memoria que en los próximos meses tendrán que decidir sobre un caso similar: un amparo presentado por el diario Río Negro en diciembre de 2003 contra el gobernador Jorge Sobisch. El diario denunció que sufre esta discriminación desde la publicación de una denuncia del diputado Jorge Taylor, quien acusó al vicepresidente de la Cámara, Osvaldo Ferreyra, de un intento de soborno. En las cámaras ocultas que registraron el hecho aparece también el gobernador Sobisch.
Desde entonces, la publicidad oficial sólo llegó al diario La Mañana del Sur. Al día de hoy, la mayor parte de las fuentes oficiales neuquinas se encuentra cerrada para el diario Río Negro, y el Gobierno se niega a dar respuesta sobre los gastos de campaña presidencial de Sobisch y el denominado Escándalo Temux, una estafa de 20 millones de pesos al banco provincial, que otorgó créditos millonarios a empresas irrecuperables de ese grupo.
Como parte de una estrategia consensuada o no con el Gobierno, la Corte marcó la mayoría de los temas de la agenda política de la última semana: convocó a audiencias públicas por el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, reclamó por las cárceles de Mendoza a K y a Cobos (“El caso de Mendoza es increíble –reveló a PERFIL uno de los jueces–.
Les avisamos treinta veces que hicieran algo urgente, pero no te registran. No soportan tener que ocuparse de algún tema por disposición nuestra”) y avaló que el ex embajador argentino en Chile Oscar Spinoza Melo cobrara su jubilación atrasada, luego de haber sido cuestionado por “compartir el dormitorio con varias mujeres y salir de noche a lugares poco serios”. Para la Corte, esta conducta forma parte del derecho a la privacidad protegido por la Constitución. También forzó el aumento a los jubilados, que se hará efectivo desde enero, anunciado por el Gobierno para dar cumplimiento a la movilidad de los retiros.
K, por su lado, avanza por la cabeza de Nicolás Reyes, el sobreviviente administrador de la Corte, proponiendo a un asesor del senador de Santa Cruz Nicolás Fernández.
Reyes fue operador judicial de Angeloz, luego acompañó a Erman González en Economía y Defensa y finalmente fue nombrado por Nazareno administrador general de la Corte. Luego de la reforma constitucional del ’94, ocupó en paralelo el mismo cargo en el Consejo de la Magistratura pero fue expulsado de allí en 1999, cuando se descubrió que había cobrado con retroactividad casi 300 mil dólares de una jubilación de privilegio.
El futuro del resto de la Corte, entretanto, sigue en vilo. Depende de una demorada decisión del Presidente. Lo que se dice un poder independiente.
