Sin conocer el precio ni la deuda de la empresa, votan en el Senado la reestatización de Aerolíneas

Desde las 10,30 (a un rato más tarde si se tiene en cuenta que la puntualidad no es una característica del Parlamento), el Senado debate hoy el proyecto oficial de reestatización de Aerolíneas Argentinas y sus empresas controladas. Se presume una larga larga sesión que concluirá como es habitual de madrugada, y según todas las opiniones concluirá con la aprobación de la iniciativa que fue remitida por la presidenta Cristina Fernández, pero sufrió varias modificaciones en la Cámara de Diputados.

El oficialismo promueve la sanción sin modificaciones del proyecto aprobado el 22 de agosto, mientras sectores de la oposición cuestionen en particular la vigencia del acta-acuerdo suscripta por el Grupo Marsans y el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, el 17 de julio, que contiene un esquema de negociaciones para el traspaso de las acciones distinto a la aprobada por la Cámara baja.

El radical Gerardo Morales y María Eugenia Estenssoro (Coalición Cívica) coincidieron en afirmar que "el acta-acuerdo y el proyecto oficialista tiene como objetivo salvar al grupo Marsans y es la vía más conveniente para que los españoles se vayan con más dinero" de la empresa. Al mismo tiempo, sostuvieron que "comprar las acciones significará adquirir todos los activos pero también los pasivos y los cuantiosos juicios que se están haciendo y los que se van a hacer en el futuro".

Fuentes oficialistas anticiparon que tienen garantizado el número de senadores suficientes para aprobar la iniciativa y fijaron como pauta que cuatro senadores que el 17 de julio votaron en contra del proyecto de retenciones móviles ahora suscribieron el dictamen de la mayoría. Se trata de los santafesinos Carlos Reutemann y Roxana Latorre, el radical K santiagueño Emilio Rached y el neuquino Horacio Lores.

El oficialismo parte de un bloque sólido de 36 legisladores y los cuatro que se suman ahora, los llevan a 40, -con lo que superan con facilidad los 37 que marcan el límite de la mayoría en el cuerpo- a los que se agregan al menos otros dos, los senadores del ARI de Tierra del Fuego, que ayer anunciaron la adhesión.

Entre tanto, los opositores pueden reunir a 8 radicales, 2 de la Coalición Cívica, 2 del Frente Cívico y Social catamarqueño, 2 del peronismo disidente de San Luis, 2 de Fuerza Republicana de Tucumán y varios legisladores más del justicialismo no-kirchneristas.

El proyecto oficialista establece que el Estado nacional compra las acciones de las empresas Aerolíneas Argentina, Austral y sus controladas Optar SA, Jet Paq SA y Aero Handling SA. El tribunal de Tasación de la Nación deberá realizar las valuaciones al 1 de julio de 2008, cuyo precio final será sometido a la aprobación del Congreso nacional.

Por otros de sus artículos se autoriza la entrega del 10 por ciento del paquete accionario a los empleados de ambas compañías aéreas y se habilita al PEN a cubrir las necesidades financieras de ambas firmas hasta el 31 de diciembre de 2008. Finalmente requiere la intervención de la Auditoría General de la Nación y establece que en ningún caso el Estado cederá la mayoría accionaria, la decisión estratégica y el derecho de veto.

La iniciativa fue presentada ayer con el aval de 16 legisladores, la mitad más uno de los 30 integrantes de ambas comisiones legislativas, en los que se destacan cuatro senadores que votaron en contra por las retenciones móviles, además de los presidentes de las dos comisiones, Fabián Ríos y Eric Calcagno, José Pampuro, José Mayans, César Gioja, Pérsico, Guillermo Jenefes, Marcelo Guinle, Nanci Parrilli, Luis Viana, Eduardo Torres y Fabio Biancalani.

También ayer cinco legisladores de la UCR (Gerardo Morales, Ernesto Sanz, Alfredo Martínez y Roy Nikisch) y Estenssoro, de la Coalición Cívica, suscribieron un dictamen que rechaza la iniciativa gubernamental que declara al transporte aerocomercial un servicio público esencial, rechaza explícitamente el acta-acuerdo suscripta por Marsans y Jaime y reclama un plan integral de saneamiento de la actividad y reclama medidas oficiales para garantizar la continuidad del servicio.

Asimismo, propone la creación de una compañía que se denominará Nueva Aerolíneas Argentinas, con cien por ciento de aportes estatales, la totalidad de los empleados actuales y de las concesiones y licencias y reclama la expropiación de todos los activos.

Por su parte, el socialista Rubén Giustiniani propuso la expropiación de las empresas y la constitución de una comisión investigadora, mientras los radicales K Pablo Verani y María Dora Sánchez hicieron efectivo una iniciativa con muchos puntos coincidentes con el oficialismo, en tanto Adolfo Rodríguez Saá firmó un despacho rechazando el proyecto mayoritario.

Fuente: DYN