Encargada hace casi dos años, la auditoría en causas de corrupción mostró esta semana sus primeros resultados. El Consejo de la Magistratura, órgano que la ordenó y se encargó de su realización, mostró el trabajo de relevamiento sobre 147 sedes judiciales que evidenció que, a nivel nacional, entre 1996 y 2016, el período analizado, hubo 9476 por presuntos delitos contra la administración pública. De esas, 2178 están en trámite y 7298, concluidas. Se trata de la primera “radiografía” de cómo funciona el sistema judicial y permitirá a las autoridades pensar sobre el tema.
En diálogo con PERFIL, Miguel Piedecasas, presidente del organismo y fuerte impulsor del trabajo que comenzó con el pedido que realizaron más de treinta entidades de la sociedad civil, entre las cuales se encontraban diversos Colegios de Abogados”. Y el Consejo a diferencia de gestiones anteriores, “ordenó llevar adelante este proceso”. “Los resultados obligan a pensar los datos y las propuestas a realizar”, detalló Piedecasas. Los desafíos que vienen y las estadísticas en sectores sensibles como trata, narcotráfico y homicidios.
—¿Cómo fue el proceso?
—Partió de de un relevamiento de datos de todo el fuero federal penal del país en el período de 1996-2016 (en su primera etapa, luego todos los años posteriores se incorporan en la medición) para volcarlos en un formato digital común y proceder a su posterior procesamiento. Para luego correr vista de esos resultados a los Jueces y Juezas que fueron parte del relevamiento, consolidar los datos en base a las observaciones que surgen de esa vista y ponerlos en conocimiento del Pleno, para poder ingresarlos en un portal de datos abiertos de acceso libre para la ciudadanía. Se trata de un proceso que es continuo y permanente y no coyuntural ni momentáneo.
—¿Cuál es su análisis del cuadro de situación que se vio con los primeros resultados?
—No cabe en mi rol hacer evaluaciones parciales, ni tampoco direccionadas a una parte del fuero. Desde nuestra perspectiva este documento institucional refleja una necesaria labor de relevamiento de datos y base estadística sin el cual no se pueden diseñar estrategias ni políticas judiciales adecuadas. Entiendo que el informe final, en agosto próximo, nos mostrará todos los aspectos relevados con sus resultados finales y a la vez nos permitirá confrontar con su evolución en lo ocurrido en el año 2017 y allí será el momento de ofrecer, desde nuestra competencia y función constitucional las medidas que consideramos se deben adoptar.
—¿Qué es lo que puede pasar a partir de esto?
—El primer objetivo, que era el de contar con un relevamiento completo del fuero federal penal del país en esta materia, establecer un formato digital único, mantener el sistema de provisión de datos al sistema logrado a través de informes periódicos y continuados y una base cierta y objetiva que antes no existía, que permite el análisis y diagnóstico sin distorsiones subjetivas, tiene una relevancia fundamental. Sin datos ciertos, objetivos, generales y que a su vez recoja las particularidades del proceso de que se trate (el penal en este caso), no era posible diseñar nuevas estrategias y políticas judiciales adecuadas. El Consejo le ha brindado esta herramienta a los actores del sistema de justicia y a la ciudadanía toda. Los resultados obligan a pensar los datos y las propuestas a realizar.
—¿Los resultados obligan a pensar en reformas del sistema de justicia?
—Necesitamos cubrir rápidamente todas las vacantes de Juzgados, Tribunales y Cámaras para optimizar el rendimiento jurisdiccional, que cada juez o jueza pueda ocuparse enteramente de su Juzgado y no repartir su tiempo en varios juzgados a subrogar. Se requiere de una infraestructura y arquitectura tecnológica adecuada y que se corresponda con los estándares de buen funcionamiento que plantean los requerimientos jurisdiccionales actuales. Y que a la vez sea garantía de transparencia al generar la posibilidad de ver la trazabilidad del expediente en tiempo real y vuelque automáticamente al sistema los datos que se requieren para llevar adelante un control de gestión absolutamente necesario para el mejoramiento del servicio de justicia. Esto sumado a reformas normativas del Código Penal; implementación del nuevo Código procesal Penal; aprobación de leyes especiales necesarias para el delito complejo; entre otras cuestiones que se deben analizar y definir.
—¿Cuál es el próximo paso? ¿Qué otras auditorías vienen?
—En relación a esta auditoría, se esperan los informes del 10 de Mayo; 10 de Junio y 30 de Agosto. Mientras tanto se pondrá en funcionamiento y prueba el Portal de Datos Abiertos, que ya está listo para ser implementado cuando el Pleno lo decida. También estamos a la espera de informes en la auditoría en materia de Narcotráfico y la que se ha ordenado respecto de la gestión del Fuero Laboral. Nos encontramos realizando trabajos estadísticos sin el formato de auditoría, sino de relevamiento de datos en materia de Trata a través de la Unidad de Derechos Humanos. También seguimos con la labor de investigación y elaboraciones estadísticas y de análisis de datos en materia de Homicidios Dolosos a través del Instituto de Investigaciones, cuyos datos se irán ofreciendo a los actores del sistema y a la ciudadanía a través del mismo sistema de Portales abiertos. También estamos trabajando en el diseño de un sistema estadístico adecuado y general que no se limite a un fuero ni a un delito, sino a todos los fueros y toda la actividad jurisdiccional. Este es uno de los grandes desafíos de este año. Reitero, sin estadísticas no hay posibilidad de diseñar estrategias o políticas judiciales adecuadas.
