La embestida contra el ministro de la Corte Suprema, Carlos Fayt, no le asegura al Gobierno el resultado esperado por el oficialismo. El problema del Poder Ejecutivo es cómo hacer para que renuncie Fayt a la Corte Suprema. No cuenta en el Senado con mayoría calificada para destituirlo con un juicio político. Lo único que puede hacer, y no está claro si lo hará, es que la comisión de juicio político de Diputados –que es la Cámara que acusa–, ahora presidida por una camporista, pida un examen médico sobre el ministro de la Corte. “No está convocada una reunión de comisión. Son todas especulaciones”, dijo a PERFIL una fuente del Parlamento. Juliana Di Tullio, la presidenta del bloque de diputados K, fue la que alentó la idea. El principal argumento que sostiene el oficialismo es que Fayt no está en condiciones de ejercer el cargo.
La idoneidad de Fayt es lo que quiere poner a prueba el Gobierno. Algunas versiones indicaban que, para contrarrestar esto, el ministro de la Corte iría a la acordada del martes para alejar los rumores sobre su salud.
