La Sala III de la Cámara de Casación Federal sobreseyó ayer al ex presidente Carlos Saúl Menem y a su ex ministro de Economía Domingo Cavallo, en el marco de la causa por la venta fraudulenta del predio de La Rural.
Menem y Cavallo habían sido condenados a tres años y nueve meses de prisión y a tres años y medio, respectivamente, en marzo pasado por decisión del Tribunal Oral Federal (TOF) 2, que llevó adelante el caso, en el que la fiscalía estuvo en manos de Gabriela Baigún. En ese debate se juzgó la venta, en 1991, del predio ferial de Palermo a la Sociedad Rural por 30 millones de pesos-dólares.
Tanto Menem y Cavallo, como otras personas involucradas, llegaron a juicio bajo la acusación de que esa transacción se hizo a precio vil, porque el valor real superaba los 130 millones de pesos-dólares. La causa judicial por las presuntas irregularidades comenzó en 1999, en el ocaso del menemismo. Y precisamente sobre el tiempo transcurrido se expidió hoy la Sala III en la decisión que benefició a los ex funcionarios.
La Sala –compuesta por los jueces Eduardo Riggi, Liliana Catucci y Juan Carlos Gemigniani– entendió que la Justicia no puede expedirse treinta años después sobre la cesión de los terrenos. Sostuvieron que se excedió el plazo razonable. El hecho suscita polémica, en especial porque se trata de la misma sala –aunque con una diferencia en su composición– que en octubre del año pasado también había beneficiado a Menem, bajo el mismo criterio, en el caso del contrabando de armas a Ecuador y Croacia.
En marzo pasado, cuando se conoció el veredicto en el caso, los jueces del TOF 2 (Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y José Antonio Michilini) dieron por probado que todo lo operado en torno a la venta había sido irregular, desde que la operación fue aprobada por el Congreso hasta la tasación, y que por entonces se alertó sobre lo que sucedía. Por todo eso fueron condenados los ex funcionarios (junto a Menem y Cavallo, también otras dos personas).
En paralelo, no se pudo probar que los directivos de La Rural hubiesen participado de esas irregularidades así como que hubiera habido complicidad del tasador. En su alegato, la fiscal Baigún también había pedido que el predio de Palermo fuera restituido al Estado nacional pero, en su fallo, el TOF dispuso que la sentencia le fuera notificada al juzgado en lo civil y comercial federal donde se tramita una causa con el mismo planteo.
