El reciente pase a retiro de César Milani estuvo marcado por versiones de un pacto entre el Gobierno y el propio ex jefe del Ejército, para trocar silencio y respeto a las autoridades civiles a cambio de ayuda oficialista en la Justicia. Eso es lo que PERFIL pudo recabar de declaraciones en estricto off de fuentes civiles, castrenses y de militares retirados que apuntan en esta dirección. Además, los hechos que se sucedieron esta semana en el arma y en la Justicia también evidencian la existencia de un pacto.
Tras un anuncio de retiro con ribetes sorprendentes y roces con los mandos civiles, César Milani fue protagonista de su acto de despedida este lunes, un hecho que se aparta de la tradición que privilegia el rol del jefe que asume.
En su discurso, el saliente jefe del Ejército se despachó contra la prensa al expresar “desprecio” hacia los que se hicieron eco de las múltiples denuncias en su contra y se arrogó el mérito de “recomponer y reconstruir la esencia, la tradición y la mística de un ejército que se encontraba degradado”.
El tono político de su exposición contrastó con el mensaje institucional de su sucesor, el general veterano de Malvinas Ricardo Cundom.
De ahora en más, quienes mejor conocen a Milani anticipan que mantendrá un perfil bajo y no actuará como un “despechado” frente al gobierno nacional. “Se va a guardar hasta que escampe”, afirmó un ex cuadro de Inteligencia del Ejército, quien aclaró que “eso no quiere decir que a futuro no aspire a volver a la política, porque él siempre fue más un político que un militar”.
Un día después llegó la noticia de que el fiscal federal tucumano Gustavo Gómez, que estaba dando un fuerte impulso a la causa por la desaparición de su subordinado, el soldado Alberto Ledo en 1976, fue apartado del caso por decisión de la Cámara Federal de Apelaciones provincial.
A pesar de que ha dejado muchos “amigos” en la fuerza, se descarta que aspire a volver al mando y se espera que, una vez que logre despejar el panorama judicial y se aclare el futuro político del país, busque reinsertarse como especialista en inteligencia y seguridad con un perfil claramente político.
Coincidencia. Otra posibilidad que todas las fuentes entienden como menos probable dada su apetencia política es que se utilice en el futuro la vía del artículo 62 (de la Ley 19.101 sobre Personal Militar) que permite contratar a efectivos retirados.
Un dato sobre el que no hay dudas es que su influencia en las filas del Ejército seguirá siendo grande, a pesar de los pases a retiro y cambios en la conducción que definió Cundom esta semana. “Hizo lo que pudo, que siga como subjefe del Ejército Gustavo Motta, un hombre de estrecha confianza de Milani que llegó a sonar como un sucesor, muestra los límites que enfrenta el nuevo jefe”, evaluó una fuente civil con fluidos contactos castrenses.
Aunque Milani tomó el mando del arma en 2013, desde que Nilda Garré asumió en el Ministerio de Defensa en 2005 contó con una fuerte influencia sobre los ascensos en esa fuerza. Entre sus conquistas también están algunas mejoras económicas, la compra de equipamiento y otras medidas que han forjado una influencia en la tropa que difícilmente pueda ser eliminada de un día para el otro.
En un contexto político tan delicado como el actual, es natural que el ex jefe del Ejército haya arribado a un acuerdo para evitar ganar un enemigo tan poderoso.
Un magro haber mensual para retirados
Como teniente general del Ejército, el haber mensual que recibía César Milani era, después del último ajuste realizado en 2014, de 11.847 pesos. Sin embargo, a su bolsillo ingresaban más de 20 mil pesos por unos cuantos beneficiosos “suplementos” con los que se ha nutrido el ingreso de los uniformados en la última década.
Al no ser de carácter remunerativo, esos suplementos no son computados para el pago a retirados. Es por esta razón que el ingreso del poderoso ex jefe del Ejército será solamente de alrededor de 10 mil pesos, lo que equivale a entre 85 y 90 por ciento de su sueldo “en blanco” como militar activo.
Esta situación ha motivado una catarata de cerca de 160 mil juicios contra el Estado, y la jurisprudencia ha dado la razón a los militares que reclamaban que el 100% de sus ingresos como activos fuera considerado. Sin embargo, la ejecución de las sentencias suele retrasarse por falta de partidas, como ocurre en el caso de los juicios de jubilados contra la Anses.
