Antonio Stiuso trazó una estrategia legal para bloquear los intentos del Gobierno para forzar su vuelta. Así, evitaría estar obligado a retornar antes de que haya una nueva administración a cargo del Ejecutivo nacional.
Para conseguirlo, Stiuso dejó un apoderado legal en el país, el abogado Santiago Blanco Bermúdez, mediante un documento firmado ante notario público en el exterior. También realizó dos presentaciones judiciales clave.
En primer lugar, el 22 de abril su abogado llevó una nota firmada por el ex espía a la Corte Suprema, donde explicó sus actuaciones en las causas AMIA y Embajada, para responder a las acusaciones de irregularidades en la primera de ellas. El trabajo por el cual se lo cuestiona se realizaba en forma conjunta para las dos causas. Por eso eligió presentarlo ante la Corte, responsable de la investigación por la voladura de la representación, y no en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral, a cargo de la causa por el ataque a la AMIA.
En segundo lugar, pidió la inconstitucionalidad de la Resolución 202/15 –del 4 de septiembre pasado– de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que su titular, Oscar Parrilli, intentó usar para que regresara en una acción legal que el juez federal Norberto Oyarbide rechazó esta semana.
La norma estipula que “todos los ex agentes de la Agencia Federal de Inteligencia y de la ex Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación deberán confeccionar la declaración jurada y completarla personalmente en la sede central”. Basado en ella, Parrilli intentó sin éxito generar una alerta azul de Interpol, que se utiliza para ubicar el paradero de una persona.
Así, Stiuso logró que la única medida que prosperara fuera la alerta azul de Interpol que impulsó la fiscal de la UFI AMIA Sabrina Namer para requerir su comparecencia en calidad de testigo en la causa por el atentado a la AMIA. De máxima, se podría solicitar que presente testimonio y, en tal caso, él podría optar por realizarla desde el exterior con una videoconferencia, una práctica muy frecuente y reconocida por la Corte en una acordada de 2013.
Se utilizó en la causa AMIA I, con el famoso Testigo C que el propio Stiuso gestionó, y en casos de lesa humanidad. Cuando está en otro distrito argentino, se hace en el juzgado federal local; cuando es en el exterior, el testigo puede hacerlo desde el consulado argentino más cercano.
Otra alternativa sería que prosperen las causas en su contra y sea llamado a indagatoria por un juez. Stiuso enfrenta cuatro casos judiciales, tres en la Justicia Federal y otro en el fuero Penal Económico. Aun si esto ocurriera, los plazos de la extradición excederían el tiempo que resta al actual mandato. Después del 10D, la historia ya será otra.
