La diputada nacional Margarita Stolbizer, denunciante de la causa en la que se investiga a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a su hijo Máximo Kirchner y a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, amplió la denuncia y pedirá ante el juez Julián Ercolini el embargo preventivo del hotel Los Sauces y del único terreno que hoy la exmandataria tiene a su nombre.
En el escrito firmado por la abogada Silvina Martínez, al que tuvo acceso PERFIL en forma anticipada, se solicita que los presentes hechos denunciados se sumen como ampliación de la denuncia preexistente o bien se investiguen en forma separada por tratarse de "una operatoria autónoma del delito de lavado de dinero".
Martínez y Stolbizer dan cuenta que un presunto acuerdo comercial legal que en realidad nunca se concretó pero que previsualiza la presunta relación corrupta entre Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez para maquillar los balances.
La empresa Austral Construcciones de Lázaro Báez estuvo a cargo, según el documento, "de la construcción de la ampliación del Hotel Los Sauces de propiedad de la familia Kirchner, sin recibir la correspondiente contraprestación por una obra de considerable magnitud". Y denuncian: "Los fondos que se utilizaron estaban asignados a diferentes obras públicas en la provincia de Santa Cruz pero se usaron para el Hotel de la presidenta de la Nación. Se intentó simular un presunto acuerdo comercial y la entrega de un inmueble como pago por las obras, aunque en realidad, tal inmueble nunca se entregó y la obra se solventó únicamente con fondos que debían ser destinados a otros fines".
"Bajo la apariencia de un acuerdo comercial se encubría una promesa, en su condición de funcionario público, para otorgar más obra pública y omitir todo tipo de controles por parte del Estado. Lisa y llanamente el delito de cohecho en su expresión más burda, ya que la vinculación ocurría directamente entre la presidenta y el mayor contratista de obra pública de la región", consignaron las abogadas.
Para Martínez y Stolbizer, no hay "ninguna acreditación del pago que debió haber hecho Cristina a Lázaro por la obra de ampliación del Hotel Los Sauces, toda vez que no se ha concretado la cesión del inmueble que en apariencia se había comprometido para ese concepto. Nos encontramos entonces frente a la evidencia de que el empresario estaba haciéndose cargo de dicha obra y eso no es otra cosa que la devolución de favores recibidos o el pago de un retorno por las transferencias que el Estado Nacional le venía haciendo".
Las maniobras con los terrenos son clave en el expediente contra la exPresidenta. En 2005, Cristina compró más de 6000 metros cuadrados en El Calafate a 7,50 pesos el metro cuadrado. Se debían pagar $ 45 mil, pero CFK terminó pagando 36 mil pesos al momendo de la escrituración, según refiere la denuncia. "A la fecha este inmueble continúa a nombre de Cristina Fernández de Kirchner, sin que pesen embargos o medida cautelar alguna. Se trata de la única propiedad que posee la ex presidenta, ya que como se mencionara, traspaso sus bienes a nombre de sus hijos", sostienen.
"Sin perjuicio de que las obras le salieron gratis, aun cuando hubiera entregado como pago el inmueble mencionado, realizó un negocio por demás rentable. ¿Porque? Muy claro, Cristina Kirchner adquirió el terreno por $35.000 y simuló que entregó como pago por obras en su hotel que tenían un valor fijado por las partes en más de 1,6 millones de pesos. Sin embargo nunca pagó nada y quien solventó la ampliación del hotel de la presidenta fue Lázaro Báez", denuncian en el escrito que presentarán en las próximas horas ante la Justicia.
A raíz de esto se solicitó el embargo del terreno mencionado. "Lo que se busca entonces, es recuperar los bienes que fueron producto del delito. En ese sentido se ha dicho que es procedente una medida cautelar cuando merced a ella se procura que los efectos del delito, cuya investigación se promueve, no se consumen y es objeto de la función del Juez, al disponer la medida en cuestión, evitar el agotamiento de la actividad delictual”, apuntaron.
A Cristina se le imputan los siguientes delitos: "incumplimiento de los deberes de funcionario público, delito de cohecho, malversación de caudales públicos, y negociaciones incompatibles con la función pública".
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