La comunicación entre quienes toman las decisiones en el Poder Ejecutivo y los senadores oficialistas de la Cámara Alta ha tenido algunos corto circuitos. Nada que los mecanismos del Congreso de la Nación, convertido en una especie de escribanía de la Casa Rosada gracias a la mayoría en ambas cámaras, puedan resolver.
Hace 20 días, el Senado abordó la extensión del régimen de exenciones impositivas para obras de infraestructura y vienen de capital enviado por el Ejecutivo para el periodo de sesiones extraordinarias. En ese entonces, los senadores modificaron por unanimidad el artículo 13 de la norma que definía el PEN como autoridad de aplicación de la norma.
A los senadores les pareció que lo más razonable, dado que se trata de un régimen de promoción para la industrial y las Pequeñas y medianas empresas, que el Ministerio de Economía a cargo de Martín Lousteau sea el encargado de controlar a que proyectos se beneficia con la devolución del IVA y la amotización acelerada del impuesto a las ganancias.
La norma, modificada, pasó a Diputados para su examen. Allí fue cuando el Gobierno detectó el cambio, lo que generó enojo en los círculos donde la medida había sido delineada. Diputados deshizo los retoques, restituyó al PEN como organismo de control y lo reenvió a Senadores para su inminente aprobación.
Hoy, todos los oficialistas que hace 20 días votaron para que Economía regule los 1.200 millones de pesos en exenciones fiscales, levantaran la mano en contra de lo que había decidido en primera instancia, y le otorgarán el control táctico de ese cupo fiscal al Ministerio de Planificación, a cargo de Julio De Vido. Todo por llamados de arriba .
