Subsidios otorgados a familiares o amigos, producciones de televisión ilegales, películas que jamás se terminaron, una ley que se cumple a medias y sospechas de corrupción.
Son algunas irregularidades que envuelven a los fondos estatales del cine, una caja estimada en casi 400 millones de pesos, que recibe aportes del Ministerio de Planificación Federal y que crecerá aun más con el nuevo polo audiovisual.
El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) es la principal arca del Gobierno para hacer películas. Tiene un presupuesto de 380 millones de pesos y fue creado por una sencilla razón: ningún país –excepto Estados Unidos– puede tener un cine nacional sin ayuda del Estado.
Pero, como siempre, el problema no son los subsidios sino la forma de utilizarlos. La controversia comenzó en 2002, cuando Eduardo Duhalde firmó un decreto que brindó autonomía financiera al Incaa. A partir de entonces, la entidad comenzó a otorgar los llamados "3J", beneficios que podían concederse discrecionalmente.
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