La puja Gobierno-Clarín divide a los ministros de la Corte Suprema, que deberán decidir la constitucionalidad o no de la Ley de Medios. Fuentes cercanas al Alto Tribunal llegaron a definir a los ministros como “clarinistas” o “cristinistas”, en alusión a esa relación de enemistad sanguinaria cuya pulseada tiene un antes y un después del 7D.
El 7 de diciembre sería el punto de quiebre en el que el Grupo Clarín –y el resto de grupos que incumplen la ley– debería desinvertir para adecuarse a lo estipulado en el artículo 161 de la Ley de Medios, cuya constitucionalidad o no aún no ha sido resuelta por la Justicia de Primera Instancia en el fuero civil y comercial federal porque el Juzgado N° 1 a cargo de esta causa sensible se encuentra subrogado semanalmente por los jueces del fuero (ver página 3).
En mayo, la Corte estimó que el 7D vence la cautelar que suspendía la desinversión. Para el Gobierno, ese día Clarín ya deberá haber desinvertido o se expondrá a las duras sanciones oficiales. Para el Grupo, como mucho, ese día comienza a correr un año más para la adecuación.
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