Después de varias horas de tensión, las Fuerzas Armadas y de Seguridad al mando del secretario de Seguridad, Sergio Berni, desalojaron la totalidad del predio de la Armada Argentina de Río Gallegos, destinado a ser urbanizado en el marco del plan Procrear. Los terrenos habían sido tomados por unas mil familias en las primeras horas del viernes, desatando una crisis política en la provincia de Santa Cruz. El operativo realizado por efectivos de Gendarmería, Prefectura, Ejército y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) comenzó el viernes al mediodía y culminó a las siete de la mañana de ayer, cuando dejaron el lugar tras algunos enfrentamientos con los pocos “ocupas” que quedaban.
Los primeros encontronazos con insultos y pedradas a los efectivos habían arrancado a última hora del viernes sobre el sector lindero al predio de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA). Gendarmes habían intentado disuadir a la gente leyéndole la resolución de la Justicia Federal con la orden de desalojo, pero fueron corridos del lugar. En plena madrugada, los efectivos fueron ganando terreno, quemaron las estacas y pertrechos que habían sido utilizados para delimitar los lotes y reforzaron la seguridad en todo el predio, de unas cuarenta hectáreas.
A poco más de veinte días de las elecciones, la interna feroz entre el gobernador Daniel Peralta y el gobierno nacional llevó a que se acusaran mutuamente por la crisis en el manejo de la tierra, como adelantó ayer PERFIL. Pero a las peleas políticas por las usurpaciones se sumó esta semana el reclamo del gobierno provincial por el descuento del 15% de coparticipación para sostener el régimen de seguridad social nacional. Peralta –como el cordobés De la Sota– quiere salirse del pacto fiscal. El ministro de Economía de Santa Cruz, José Blassiotto, dijo que a la provincia le descontaron 680 millones de pesos desde diciembre de 2011, fecha en la que Peralta rompió lanzas con La Cámpora.
Como contrapartida, el titular de la Anses, Diego Bossio –en una conferencia de prensa que brindó en Río Gallegos–, le contestó que los pactos están para ser cumplidos y que no pueden abandonarse unilateralmente. También sostuvo que vuelven en conceptos de aportes de ese organismo a Santa Cruz 1.700 millones de pesos en jubilaciones y pensiones nacionales, asignación universal por hijo y asignaciones familiares. “A Santa Cruz no le debemos nada”, sentenció Bossio.
Ayer, aún permanecía militarizado el predio de la Armada con un despliegue importante de efectivos, a los que se sumaban tanquetas, cuatriciclos y camiones de apoyo del Ejército. Las otras tierras al sur de Río Gallegos, en el sector conocido como Barrio Bicentenario, seguían tomadas por otras dos mil familias. Mientras el kirchnerismo sigue acusando al gobernador de ser el responsable de alentar las usurpaciones y denunció a su subsecretario de Planeamiento en la Justicia Federal, Peralta respondió acusando al intendente K, Raúl Cantín, de “inoperante”. A esta altura, el reclamo social está bastante lejos de ser solucionado por los egoísmos políticos.
El manejo de la tierra pública en Río Gallegos siempre fue un tema controversial. Durante años la falta de entrega de lotes para habitar originó la suba automática del costo de la tierra manejada por las inmobiliarias, muchas de ellas en manos de políticos o amigos del poder, como la de los socios de los Kirchner, Sancho y Sanfelice. El precio del metro cuadrado en el barrio Jardín, donde está el chalet de la Presidenta, llegó a valer lo mismo que en lugares privilegiados de la Capital Federal.
