El tironeo por el cierre de listas no es la única preocupación del PRO. En rigor, el principal dilema que enfrentará el macrismo será la compleja fiscalizacion en la provincia de Buenos Aires. En especial, tras los problemas que se generaron en Santa Fe, en el espacio de Mauricio Macri pusieron especial atención a lo que será trabajar para que no haya robos masivos de boletas ni adulteraciones en los telegramas.
En eso ya trabajan los peronistas Diego Santilli, Jorge Triaca y Federico Salvai, parte de la mesa bonaerense. El cálculo que comenzaron a realizar es que necesitarán, en las PASO y luego en la primera vuelta, unos $ 50 millones para los 40 mil fiscales que se necesitan sólo en territorio bonaerense.
En este contexto, en el Ministerio de Gobierno que conduce Emilio Monzó armaron un mapa con las distintas secciones electorales, donde también se destacan los colores en los que puede haber conflictividad.
El tema también fue debatido con los radicales, quienes en varios municipios tienen sus estructuras pero insuficientes para controlar el conurbano bonaerense.
Por ello comenzó a reclutarse, desde comienzos de año, a una serie de dirigentes y militantes territoriales que puedan colaborar. En ese sentido, también se armó una fuerte movida vinculada al voluntariado para intentar incorporar ciudadanos comunes que puedan ayudar.
En La Matanza, el candidato Miguel Saredi trabaja con dirigentes peronistas pero también de la UCR; mientras que en Almirante Brown, Carlos Regazzoni, y en Lanús, Néstor Grindetti armaron esquemas similares que conjugan radicales y peronistas con trabajo territorial.
Tras dos elecciones, 2011 y 2013, sin candidatos propios en la Provincia, la fiscalización será uno de los grandes desafíos para Macri y sus candidatos.
