En medio de la fuerte polémica que desató el fallo de la Corte Suprema que le otorga el beneficio del sistema de conmutación de penas “2x1” a represores de la última dictadura militar, el Gobierno salió a despegarse y se mostró contrario a su aplicación.
Fue el jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien consideró que ese beneficio “es un símbolo de impunidad en la Argentina” y lo definió como un mecanismo que beneficia “a los delincuentes juzgados por los crímenes más complicados, más duros; y esto se agrava muchísimo con lo que tiene que ver con lesa humanidad”.
Luego de que la Corte Suprema emitiera el miércoles el fallo del 2x1, cinco represores pidieron recibir el beneficio, el Tribunal Oral Nº 5 se lo negó a dos y un par de fiscales reclamó que se declare inconstitucional la decisión.
La Procuración General, a cargo de Alejandra Gils Carbó, prepara un informe que estima que 278 represores podrían verse beneficiados. El Gobierno dice que serían sólo cuatro.
Ayer, el esfuerzo de Peña estuvo en separar la decisión de la Corte Suprema del Gobierno, frente a quienes evaluaron que el macrismo otorgó un marco político que permitió el fallo y ante quienes recordaron que dos de los tres jueces firmantes Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, fueron designados por Mauricio Macri (el tercer voto fue de Elena Highton de Nolasco). “Más allá de los que puedan ver fantasmas o necesiten politizar este tema porque con eso hacen una bandera de división, nosotros sostenemos una política de Estado. La Corte Suprema tiene personas independientes y, en todo caso ellos son responsables de sus fallos”, advirtió Peña.
Por el contrario, desde la oposición ironizaron sobre la reacción del Gobierno. “Le llegó el focus group a Marcos Peña”, escribió en la red social Twitter el intendente del Frente para la Victoria de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, como crítica al silencio que Peña había mantenido hasta ahora.
El primer funcionario que habló del fallo fue el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, quien había pedido “ser respetuosos del fallo” y se había mostrado de acuerdo “si está ajustado a la ley”. Más tarde, el ministro de Justicia, Germán Garavano, sostuvo que la Ley del 2x1 fue “la peor que se dictó en nuestra historia en materia de política criminal” aunque entendió que “a los fallos, sobre todo a los de la Corte Suprema, hay que tratar de respetarlos”.
Revuelo en Tribunales. El fallo generó resistencia en el propio Poder Judicial. El viernes, el Tribunal Oral Nº 5 negó la excarcelación de los imputados Héctor Salvador Giribone y Jorge Magnasco. Por su parte, la fiscal federal María Angeles Ramos pidió que se declare inconstitucional el beneficio del 2x1, al igual que su colega Pablo Parentti.
En Mendoza, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de Mendoza rechazó el viernes la excarcelación al ex oficial principal de la Unidad Regional II, Norberto Ernesto Mercado Laconi, quien está siendo juzgado en el marco de la megacausa por crímenes de lesa humanidad en San Rafael. Su abogado defensor solicitó la aplicación del fallo de la Corte Suprema en el precedente “Muiña”.
El objetivo de jueces y fiscales es que finalmente sea la Corte Suprema la encargada de aceptar las excarcelaciones y cargar con el peso de la medida.
“Señores jueces: Nunca Más. Ningún genocida suelto. 30 mil detenidos-desaparecidos presentes”, es la consigna con la que Madres y Abuelas de Plaza de Mayo convocaron para el próximo miércoles, en repudio al fallo de la Corte.
La convocatoria a la que se sumaron dirigentes de la oposición está firmada por Abuelas de Plaza de Mayo; Madres Línea Fundadora; Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas e H.i.j.o.s. Capital, entre otros.