Un almuerzo entre dos funcionarios nacionales de alto rango podría ser la punta del iceberg de una ofensiva del Gobierno contra los sindicatos. De un lado de la mesa, la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso. Del otro, Sandro Taricco, quien maneja la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), el organismo que regula las obras sociales. El motivo: comenzar a coordinar acciones con el objetivo de poder acceder a las declaraciones juradas de los sindicalistas.
La sugerente reunión se da en un marco particular: la pelea política y judicial que se desató entre Hugo Moyano, junto a un sector de la CGT y sus aliados de gremios kirchneristas, con el gobierno nacional.
En este contexto, la SSS tiene en su poder las DD.JJ. de aquellos gremialistas que forman parte de los directorios de las obras sociales, pero yacen en las oficinas oficiales a sobre cerrado ya que no son públicas y solo se pueden analizar en el marco de una orden judicial. Al menos por ahora solo un proyecto de ley podría modificar esta situación. En especial, en el Gobierno están atentos a la evolución patrimonial de muchos sindicalistas. ¿Es posible que una resolución permita tener acceso a las DD.JJ.? Ya hay abogados del Gobierno trabajando en esa hipótesis.
Paralelamente, desde la OA están trabajando para la aplicación de la ley de responsabilidad penal de personas jurídicas que atañe también a las obras sociales, como entidades civiles. Uno de los puntos centrales tiene que ver con la declaración de intereses vinculados a empresas ligadas a los caciques sindicales. Una maniobra que complicó a Moyano y a su mujer, Liliana Zulet, pero también al portero Víctor Santa María y un presunto testaferro que era proveedor del Suterh, entre otros. De esto también dialogaron Alonso y Taricco el viernes durante el ameno almuerzo que compartieron.
A ellos se les suma el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, uno de los animadores de la llegada de Taricco junto al todopoderoso vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, quien en los papeles no debería inmiscuirse, según la Ley de Etica Pública, en temas de salud dado que fue uno de los creadores de Farmacity. Pero un consejo amistoso no se le niega a nadie, suelen repetir los detractores del todopoderoso funcionario.
Otro aspecto que podría ser clave, pero que apenas está en carpeta en algunos despachos oficiales, es una modificación de la Ley de Asociaciones Sindicales, que regula la actividad gremial. Hoy en el macrismo no ven dadas las condiciones para modificar en el Congreso la iniciativa que generaría una enorme reticencia de parte de los sindicatos.
Paralelamente, Triaca avanzará la semana que viene con un pool de gremios a los que les llegará una intimación para que regularicen su situación en cuanto a falta de balances. Ayer, PERFIL adelantó que el primero de los sindicatos fue la FEB, la Federación de Educadores Bonaerenses, que recibió el telegrama por el faltante de papeles.
