Son las 10.30 del lunes 17 de mayo. Tres empresarios de la construcción se sientan ante un periodista de PERFIL y aceptan contar, frente a un grabador, pero sin dar sus nombres, cómo pagaron coimas que les exigieron desde el Ministerio de Planificación –que conduce Julio de Vido–, como condición excluyente para poder participar del Plan Federal de Viviendas I y II.
La reunión se concreta en la oficina comercial de una localidad de la provincia de Buenos Aires. Los empresarios tienen temor de que algún detalle de la nota pueda dejar al descubierto sus identidades. “Borrá esa grabación, mirá que mi voz la conocen todos los funcionarios”, advierte el empresario I. “Si nos identifican, no hacemos obra pública nunca más”, agrega el empresario II. “Estos tipos te extorsionan, te estrangulan financieramente, no les importa nada”, grafica el empresario III.
El Plan Federal se originó en 2004 como una respuesta para paliar el déficit habitacional: darle a los más humildes un techo digno y generar fuentes de empleo genuinas. Pero más allá de que se ejecutó menos de la mitad de lo prometido, esta historia revela cómo desde el Gobierno se usó el programa para hacer caja. Cada adjudicación implicaba la ejecución de hasta 600 viviendas, de acuerdo al subprograma. Y el monto total de cada obra oscilaba entre los 20 y los 30 millones de pesos. Según el relato de los empresarios, la coima exigida era del 5% del total, es decir, entre 1 y 1,5 millones de pesos cada vez. Si se calcula que Planificación invirtió cerca de 12 mil millones de pesos entre viviendas ejecutadas y en ejecución, los retornos podrían ascender a 600 millones de pesos.
