Un ex Indra hoy está al frente de la reforma política de Vidal

Mauricio Macri quiere implementar el voto electrónico desde las legislativas del año próximo y en todo el país. Si bien el Gobierno prometió comprar las máquinas (y no alquilarlas), la decisión macrista activó el lobby de las empresas dedicadas a ese negocio. Una de las más importantes es Indra, cuyo gerente y vendedor del tecno-voto era, hasta el año pasado, el actual subsecretario de Reforma Política bonaerense, Manuel Terrádez. Es otro caso en el que un funcionario pasa sin pausa desde el sector privado al Estado, en un área con intereses cruzados.
El Gobierno está a un paso de sancionar una reforma política, cuya principal novedad sería la utilización de la Boleta Unica Electrónica a partir del 2017. El oficialismo ya adelantó que su plan es comprar las máquinas (costarían unos US$ 100 millones), en vez de alquilarlas.

Así, el negocio se limitaría al desarrollo del software y la transmisión de datos. A esos ingresos se podría sumar el control del escrutinio provisorio, en caso de que se opte por tercerizar ese servicio.
Desde 1997, en todas las elecciones participó la española Indra: fue contratada para el procesamiento de datos y el escrutinio provisorio. También se encargó de la implementación integral del voto electrónico (hardware, software, personal y logística para el recuento) en Ushuaia, en la cordobesa Marcos Juárez y en algunas secciones como Bahía Blanca, Almirante Brown, La Plata y Berisso (para el padrón de extranjeros).
Ahora, Manuel Terrádez, quien fuera su gerente de Procesos Electorales durante años, es el subsecretario de Reforma Política de María Eugenia Vidal. De origen radical, es uno de los promotores de las reformas bonaerenses, algunas ya subsumidas por el proyecto que impulsa el gobierno nacional.

“Desde la ética pública nos genera preocupación que haya sido representante de la empresa que ha computarizado los procesos electorales de los últimos años”, afirma el director Ejecutivo de Poder Ciudadano, Pablo Secchi. Desde esa ONG, lamentan que no existan salvaguardas, en caso de que la Provincia decida contratar a una empresa como Indra.
“La ley de ética pública nacional debería ser reformulada porque sólo cuestiona a los funcionarios que pasan del Gobierno a las empresas, y no al revés”, opina Secchi. En la Provincia no hay una ley de ética. Desde la administración de Vidal explicaron que Terrádez (quien prefirió el silencio) está al margen de las reformas nacionales empujadas por el macrismo.