Un hombre que acusó a Carrió confesó que lo hizo por plata

Una bomba estalló en Comodoro Py 2002: Elisa Carrió quedó ayer imputada por enriquecimiento ilícito, justo en momentos en que uno de sus acusadores confesó que le pagaron $ 1.500 para denunciarla. Se trata de una causa en la que Carrió vio la sombra del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, cuando estaba por impulsar su juicio político.

Saúl Enrique Paz es un albañil de 27 años, de Pilar, que nunca había pisado tribunales. Según pudo saber este diario, un hombre con el que jugaba al fútbol le pidió que le firmara unos papeles y, a cambio, le dio los $ 1.500. El interesado, dijo, se llamaba Alan González, quien se encargó de llevarlo en auto hasta los tribunales de Retiro. Fue a fines de 2016. La denuncia era contra Carrió por cohecho, aceptación de dádivas, enriquecimiento ilícito, malversación de caudales públicos y lavado de activos, basándose en publicaciones de internet sobre viajes de Lilita a Estados Unidos. “Me dijeron que firmara unos papeles, pero no entendía qué eran”, confesó cuando finalmente reapareció esta semana por los tribunales.  Nadie sabe por ahora quién es realmente el misterioso Alan González y a las órdenes de quién actuó.

Pese a esa confesión, la fiscal Paloma Ochoa promovió abrir la investigación penal contra Carrió. Pero lo hizo sobre la base de una segunda denuncia contra Lilita, que radicó un abogado llamado Mariano Noel Valdez, cuando Paz no aparecía a ratificar su denuncia y ese expediente estaba a punto de archivarse. Lo curioso es que los textos de ambas denuncias tienen párrafos textuales, según confirmaron a PERFIL fuentes judiciales.

El juez Daniel Rafecas será el encargado de analizar el caso luego de que su colega Luis Rodríguez le remitiera su denuncia. Rafecas tendrá que decidir si avanza contra la candidata de Cambiemos para investigar su patrimonio. Y, de acuerdo con lo que pidió Ochoa, se abrirán otras dos causas paralelas: una contra Carrió para saber si incurrió en negociaciones incompatibles con la función pública y tráfico de influencias; y otra para saber si el denunciante mintió y quién le pagó.

Este nuevo escenario amenaza con desatar otro vendaval judicial en tiempos electorales. “Esto es un escándalo producto de operaciones políticas vinculadas a sectores de inteligencia y altos rangos del Poder Judicial”, aseguró Carrió en un comunicado. Para el entorno de Carrió, “es evidente que se está tratando de armar una causa” igual que pasó en 2013, cuando también era candidata.