Un informe del Ejército sobre la evaluación de la Campaña Antártica 2012-2013 podría complicar la situación judicial de los imputados en la causa en la que se investigan las millonarias licitaciones que se realizaron para abastecer a las bases argentinas desplegadas en el continente blanco.
El ex jefe de la cartera de Defensa y actual ministro de Seguridad, Arturo Puricelli; su hijo, Alejandro; el ex director del Servicio Logístico, Carlos Lugones Aignasse, y el ex secretario de Planeamiento de Defensa, Mauro Vega, entre media docena de militares, se encuentran en la lista de los sospechosos.
E juez federal Luis Rodríguez reclamó hace una semana –a través de varios oficios– que el Comando Operacional de las Fuerzas Armadas envíe toda la documentación sobre todos los aspectos vinculados al desarrollo de la Campaña Antártica.
Lo hizo en el marco de la investigación por supuestas irregularidades en las operaciones, que comenzaron el año pasado.
Fuentes judiciales con acceso al expediente aseguraron a PERFIL que “la principal responsabilidad es de los técnicos que aprobaron los informes de factibilidad”, es decir, de los "técnicos militares" que dieron el visto bueno para que pueda comenzar el proyecto.
Hasta el momento, según los avances del expediente, el hilo se cortaría por lo más delgado de la cadena de mando y de responsabilidades.
Los presuntos sobreprecios y el direccionamiento de las licitaciones no ocurrieron durante la gestión de Agustín Rossi, aunque es él quien debe ordenar el envío de la información.
Algunos de los funcionarios que se encuentran sospechados están prestando actualmente sus servicios en el Ministerio de Seguridad, a pedido de Pruricelli.
Entre otros oficios que el juez tuvo que volver a enviar a Defensa, está el que pide que se informe sobre cuáles fueron los criterios a tener en cuenta para la contratación del personal, y cuáles eran las tareas asignadas.
Uno de esos contratos era el del hijo de Puricelli, Alejandro, que es abogado y asesoraba a su padre en el Ministerio de Defensa. En la Justicia aseguran que "hay indicios" que Alejandro tenía injerencia en la Dirección General del Servicio Logístico de la Defensa, área que quedó en la mira por las presuntas irregularidades en las contrataciones para la última Campaña Antártica.
