Los tiempos judiciales de Amado Boudou se aceleraron por una puja entre los dos hombres que deben investigarlo. La indagatoria del funcionario estaba planificada para mediados de año, ya que el juez federal Ariel Lijo considera que necesita recolectar más pruebas y testimonios para llamar al vicepresidente como acusado y hacerle rendir cuentas ante la Justicia.
El jueves, el fiscal federal Jorge Di Lello pidió al juez que llame a indagatoria a Boudou y tiró por la borda el plan del magistrado. También obligó al vice a presentarse espontáneamente en los Tribunales con el fin de dar una señal política y mediática de que estaba dispuesto a dar la cara, y repetir que es inocente.
La lista de indagados que elaboró el fiscal incluye a los testigos centrales del juez. Si son indagados, no pueden ser testigos. El juez tampoco está obligado a acatar todo lo pedido por Di Lello, pero sabe que crecerá sobre sus espaldas una mayor presión mediática y política, y por sobre todo, la que podrá ejercer a partir de ahora la defensa del vice, apoyándose en lo que necesita que suceda: que se anulen los testimonios de los Ciccone.
El fiscal no da marcha atrás y está convencido de que los Ciccone, así como el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, deben ser indagados como sospechosos. Sostiene que Nicolás Ciccone y su yerno Guillermo Reinwick habrían tenido una “participación penalmente relevante en las negociaciones para idear un plan de salvataje de Ciccone” y que Reinwick podría haber participado “en la confección de la documentación que obra en la causa”.
El juez debió poner a su equipo a trabajar para readecuar su estrategia a la nueva coyuntura. Como primera medida, decidió el viernes suspender la declaración del testigo Pablo Amato, ex yerno de Ciccone y director de la Compañía de Valores Sudamericanas (CVS), el nombre con el que bautizaron a la imprenta de billetes cuando la compró The Old Fund. El juez considera que lo necesita como testigo y el fiscal pidió su indagatoria como parte del supuesto plan de Boudou para favorecer a la imprenta de billetes.
Tiempos. El enfrentamiento entre ambos comenzó a principios de diciembre. El sábado 30 de noviembre, el fiscal se desayunó con la jugada central de Lijo en la causa Ciccone. Se enteró por una nota de La Nación que el juez había citado a los Ciccone, a Ricardo Echegaray y a Reinwick a declarar como testigos. El fiscal estaba convencido de que los llamaría como imputados. El juez lo había mantenido en secreto para evitar posibles amenazas a los ex dueños de la imprenta. Los Ciccone y Reinwick le habían hecho llegar que el socio y mejor amigo de Boudou, José María Núñez Carmona, los había amenazado de muerte. Las notificaciones informando a los testigos se prepararon en el juzgado el viernes, pero debían llegar el lunes, al igual que la del fiscal. Pero un miembro de la familia la recibió por error el viernes y filtró la información.
El fiscal apunta a Jorge Brito, titular del Banco Macro, desde diciembre, cuando pidió al juez que lo citara a indagatoria. Cuando Lijo rechazó la medida, el fiscal enfureció. Lijo ni siquiera quiere citarlo como testigo. No descarta investigar el origen de los fondos que se utilizaron para comprar Ciccone –que involucra a Brito y a Raúl Moneta–, pero tampoco sigue por ahora la línea del fiscal que apunta a un hombre clave: Cirilo Zavalía, titular de una cooperativa de crédito, ligado a Banco Macro y a los Brito. La cooperativa financió a The Old Fund con 30 millones de pesos.
El 25 de febrero debe declarar Silvia Ciccone, y la expectativa sobre su visita a Tribunales es alta: podría aportar información sobre el acta notariada en la que su padre, Héctor Ciccone, dejó escrita su versión de los hechos antes de morir. Una versión que complicaría más a Boudou.
