Los tribunales federales son un hervidero. Al clima de división irreconciliable entre dos sectores –quienes se oponen al “avance” del kirchnerismo en la Justicia y quienes creen que se trata de un “cambio necesario”– se suma un nuevo factor. La reforma judicial impulsada por el Gobierno divide a dos actores clave de la Justicia electoral: la jueza María Servini de Cubría y el fiscal Jorge Di Lello.
Servini tendrá un papel central en el futuro de la reforma judicial, que ayer frenaron dos jueces en San Nicolás y Mar del Plata (ver página 8). Esta semana, la jueza recibió un amparo con medida cautelar de la Asociación de Magistrados –la agrupación de jueces de todo el país– para frenar la elección por voto popular de los miembros del consejo de la Magistratura –que elige y controla a los jueces–. Y en breve, varios juzgados del Interior del país comenzarán a enviarles otros amparos y cautelares.
Interna. La jueza resolvería la cuestión antes del 12 de junio, cuando los partidos deban presentar alianzas con las que competirán en las internas de agosto, y por ende, decidir si incluyen o no candidatos al Consejo. Por eso, explican en el juzgado, dio un plazo de sólo 24 horas para que el fiscal Di Lello se expidiera.
El corto plazo fue lo que no cayó bien en la fiscalía electoral. Pretendía tener al menos tres días para tomar la decisión. Di Lello entendió que no debía dar un “tratamiento exprés” al amparo con medida cautelar de la Asociación, y lo entendió como una jugada política para favorecer los intereses de los jueces. Fue más allá: se excusó de inervenir en el expediente por haber sido miembro y autoridad de la Asociación. La causa ahora quedará en manos de otro fiscal, según disponga la procuradora general de la Nación.
La decisión de Di Lello desató la furia de la Asociación de Magistrados y enojó a Servini, quien prepara un escrito para contestarle al fiscal.
Servini no confía en la Corte Suprema. “Nunca se sabe con la Corte”, se escuchó decir a la jueza en los pasillos de Tribunales. Además, no es amiga de la Asociación de Magistrados. “Cuando necesitó ayuda, nunca se la dieron”, explicaron en su entorno. Incluso se desafilió de la entidad de jueces a principio de año porque consideró que no quería estar ni del lado de los anti K y de los filo K, por Justicia Legítima. Pero tampoco mira con buenos ojos al Gobierno y las “presiones” al Poder Judicial.
Luego de que Servini resuelva si acepta o no la causa, pasará a la Cámara Nacional Electoral: el resultado sería que los camaristas se declaren incompetentes, aludiendo que la decisión debe tomarla el fuero en lo Contencioso Administrativo, estimaron fuentes judiciales. La resolución final será entonces de la Corte Suprema.
