Mientras se frustró la reunión entre asambleístas y autoridades uruguayas, el gobierno de Entre Ríos pidió hoy a Uruguay retrotraer la situación de la pastera UPM a la existente antes del actual conflicto, provocado por la autorización que recibió la planta para aumentar su producción, ya que eso daría una "posibilidad a la diplomacia de acercar posiciones", expresó en un comunicado oficial.
El gobierno que encabeza Sergio Urribarri calificó como "unilateral" la decisión del país vecino de permitir el aumento de la producción de la pastera sobre el nivel de 1 millón de toneladas anuales mencionado en el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
En ese sentido, en el comunicado, afirmó que Uruguay no cumplió con el procedimiento que exige una modificación de ese tipo, y sostuvo que nunca entregó la "información y consulta previas" solicitadas por la Argentina.
Además, el gobierno provincial afirmó que el límite de 1 millón de toneladas anuales "ya fue sobrepasado", y que la autorización dada por el presidente José "Pepe" Mujica "en verdad reconoce niveles de producción ya alcanzados".
Datos. "Según los registros aduaneros del propio Uruguay, la planta de UPM se excedió en 50.597 toneladas en 2009; 97.407 en 2010; 96.880 en 2011; 88.124 en 2012 y 74.410 toneladas hasta septiembre de 2013, introduciendo en el río mayor cantidad de sustancias, energía y contaminación, en desacato a todas las normas, incluyendo los Acuerdos Presidenciales y de Cancilleres de 2010 para la ejecución de la sentencia de La Haya", detalló la administración del kirchnerista Sergio Urribarri.
En tal sentido, el gobierno de Entre Ríos afirmó que, según las muestras tomadas dentro de la planta, "que son las únicas que acepta como válidas la Corte de La Haya", no se cumplen varios de los límites fijados, "como la temperatura del agua, la presencia de fósforo y fenoles, así como la del pesticida endosulfán, grasas y aceites, "que no debían estar allí", dijo.
Otro de los puntos que cuestionó es el aviso previo que el Comité Científico realiza a la empresa antes de cada inspección, y acusó a Uruguay de aplicar "en forma unilateral estándares propios menos exigentes, de cuyo rechazo la Argentina dejó constancia en las actas de la (Comisión Administradora del Río Uruguay) CARU".
Por eso, Entre Ríos le pidió a Uruguay que haga "un esfuerzo para retrotraer la situación a la vigente antes de su reciente autorización unilateral a UPM a aumentar la producción". "Esto daría una oportunidad a la diplomacia a hacer su trabajo para conciliar posiciones evitando el doloroso desgaste de nuestra entrañable relación bicentenaria", agregó.
Sin suerte. La Provincia llamó "a todos los actores de la sociedad civil involucrados a una actitud constructiva" a ayudar a "que este nuevo conflicto se mantenga dentro de las proporciones que la diplomacia pueda manejar". Horas antes, la reunión entre asambleístas y el intendente del departamento uruguayo de Río Negro, Omar Lafluf, se había frustrado en medio de un fuerte operativo de seguridad.
"Este conflicto solamente terminará cuando se erradique la planta de Botnia-UPM y desaparezca la causa que perjudica la unión de dos pueblos hermanos", aseguraron los asambleístas en una proclama leída a metros de la barrera fronteriza custodiada por una formación de agentes de la Prefectura uruguaya, que bloqueó el paso hacia ese país.
El objetivo era presentar una nota de queja al jefe departamental junto con documentación con datos sobre niveles de contaminación, pero la fuerza de seguridad que controla el ingreso al país por el puente internacional José de San Martín, tuvo órdenes de dejar pasar sólo a 14 vecinos de Gualeguaychú y al intendente Bahillo, lo que fue rechazado por los manifestantes.
