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Valijagate: los oscuros vínculos entre Argentina y Venezuela, en evidencia en la primera semana del juicio

Se confirmó que ambos gobiernos llevaron adelante un plan para callar al valijero. De dónde salió el dinero. El rol de Claudio Uberti.

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| Cedoc

Según las escuchas presentadas por la fiscalía en el marco del juicio que se sigue en Miami por el valijagate, Franklin Durán, uno de los ciudadanos venezolanos involucrados en el caso, sostuvo conversaciones con Guido Antonini Wilson en donde asegura que los 800 mil dólares tenían como objetivo la financiación de la campaña electoral de Cristina Kirchner. Además, se supo que el dinero incautado salió de las arcas de PDVSA, la empresa estatal de petróleo de Venezuela.

Moisés Maionica, en parte de su declaración a Thomas Mulvihill, fiscal del estado de La Florida y principal acusador, aseguró lo mismo, aunque el dato se lo atribuye a Henry Rangel Silva, jefe del servicio de inteligencia venezolano y mano derecha de Hugo Chávez.

Guido Antonini Wilson, quizá la voz más importante, afirma no saber hacia dónde iba el dinero, pero su caso es distinto: él sabía que estaba siendo grabado por el FBI, lo que hace que cada una de sus palabras queden sujetas a la libre interpretación. Pero con el transcurso del juicio, algunas vertientes sobre el camino de esos fondos parecen enterrar, aún más, a Claudio Uberti, ex director del Occovi, expulsado del Gobierno apenas explotó el Valijagate, y Diego Uzcátegui, ex vicepresidente de PDVSA.

“El presidente (por Hugo Chávez) no confía ni en Rafael Ramírez, ni en Claudio Uberti, ni en Diego Uzcátegui, porque ellos tres fueron los que cometieron ese envío ma1 hecho. Ese envío fue un error de logística. ¿De quién? De Rafael Ramírez, de Diego Uzcátegui y de Claudio Uberti”, dijo Franklin Durán en una de las desgrabaciones que ayer Ed Shohat le leyó al jurado.

Según lo presentado hasta ahora en los tribunales de Miami, sobre Uberti, Uzcátegui y Rafael Ramírez, presidente de PDVSA, recae la responsabilidad de la operación del dinero. Al mismo tiempo, en complicidad, los gobiernos de Venezuela y Argentina habrían puesto en marcha un plan para evitar que el escándalo afectara sus gestiones políticas. Incluso se mencionó un acuerdo entre Caracas y la Casa Rosada para “limpiar” el caso en la Justicia argentina.

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