El juez porteño Roberto Gallardo le ha provocado varias "rabietas" a la gestión Macri, con fallos a veces polémicos. Fue el magsitrado, como ejemplo, que en junio pasado hizo lugar a un recurso de amparo presentado ayer por el kircnerismo, perrmitiendo a las carpas montadas en la Plaza de los Dos Congresos quedarse en el lugar. Otro golpe al gobierno de Macri fue en enero, cuando ordenço al Ejecutivo porteño debía reincorporar a los 2.300 empleados cesanteados por la Ciudad, luego de dar lugar a un recurso de amparo presentado por Sutecba. Asimismo, el juez le ordenó a Macri la difusión de la lista de empleados echados de la gestión para que sean reincorporados a sus actividades.
Hace unos dias, Gallardo tambiçen fue noticia al frenar la licitación para renovar las paradas de colectivos, puestos de diarios y carteles de señalización, impulsada por el macrismo para terminar con el jugoso negocio de la publicidad callejera que maneja desde hace mucho tiempo el secretario de Medios kirchnerista Enrique "Pepe" Albistur.
En setiembre del año pasado, había reivindicado el derecho de los pobres a vivir en condiciones dignas y cuestionó en durísimos términos a las autoridades locales y nacionales que desde hace 15 años tienen pendiente un plan de urbanización para la Villa 21-24, en el barrio de Barracas. Ademá Gallardo habçia intervenido la mutual de vivienda que representa a esos habitantes, intimó al gobierno porteño a concretar las obras de urbanización pendientes desde hace tres lustros y dispuso una medida cautelar que impide un eventual desalojo.
Otro fallo polçemico de Gallardo fue el que, en junio, ordenó un embargo de $14.273.426 millones contra el Gobierno de la Ciudad por casas que no se habían construído. En la misma decisión Gallardo habçia ordenado al Instituto de Vivienda de la Ciudad apurar la construcción de 1.231 departamentos en el predio Casa Amarilla de La Boca y que para ello utilice los fondos embargados al tesoro municipal. El procurador de la Ciudad, Pablo Tonelli, anunció que la decisión sería apelada y Gallardo recusado. A fines de 2007, el mismo Gallardo había ordenado que se repusiera el servicio del Tren Blanco, que la empresa TBA destinaba a los cartoneros. Más atrás en el tiempo, en marzo de 2005 Gallardo había declarado la inconstitucionalidad del acuerdo entre Lotería Nacional y el Instituto de Juego porteño, ordenando la clausura del Casino.
