El ex dictador Jorge Rafael Videla, de 85 años, faltó hoy al reinicio del juicio que se le sigue por el robo de bebés a desaparecidos porque presenta "múltiples fracturas" en un brazo y no concurrirá a las audiencias durante dos meses.
La pericia del Cuerpo Médico Forense confirmó que Videla se cayó en su lugar de detención, el penal de la base militar de Campo de Mayo, y sufrió varias fracturas que le obligarán a permanecer inmovilizado de 45 a 60 días para recuperarse plenamente.
En la audiencia de esta mañana, el Tribunal Oral Federal 6 (TOF6) tomó nota de la novedad y, luego, hizo saber que rechazó todas las cuestiones preliminares que habían planteado las defensas de los ocho acusados de cara a obtener la suspensión del proceso.
Después el tribunal inició el llamado a declaración indagatoria y a su turno el otro ex dictador acusado, Reynaldo Bignone, de 83 años, hizo saber a los jueces que "por el momento no voy a declarar".
En el banquillo de los acusados de este juicio, además, están el ex jefe de los represores que actuaron en la ESMA, Jorge "El Tigre" Acosta; José Luis Magnacco, médico a cargo allí de los partos; el ex general Santiago Riveros y el ex prefecto Jorge Antonio Azic.
Los imputados están acusados por 34 casos de bebés nacidos en las maternidades clandestinas que funcionaron en los centros de detención y exterminio ESMA, Campo de Mayo, Pozo de Banfield, La Cacha, Comisaría 5ta. de La Plata, El Vesubio, El Olimpo y Automotores Orletti, y dados ilegalmente a familias de militares, en muchos casos.
Entre los casos que se juzgan se encuentran los del nieto de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, cuya hija Laura estaba embarazada cuando fue secuestrada, y de Macarena Gelman, nieta del poeta Juan Gelman.
También llegan a juicio las apropiaciones del legislador porteño Juan Cabandié, quien nació en la ESMA, donde estuvo secuestrada su madre, Alicia Elena Alfonsín de Cabandié, y de la nieta de María Chorobik de Mariani, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo.
Los represores están acusados de los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de menores y de sustitución de identidades, y podrían ser condenados a la pena de prisión perpetua.
Fuente: DYN
