El Gobierno argentino decidió volver a "recurrir" a la Corte Internacional de La Haya ante la "decisión unilateral" y "apresurada" del Uruguay de autorizar el aumento de la producción de UPM Botnia. Y a su vez, el canciller Héctor Timerman 'desclasificó' un informe sobre las "violaciones ambientales" de la papelera al Río Uruguay.
Si bien la administración de Cristina Fernández de Kirchner reclamará en los Países Bajos por una nueva "violación a la soberanía nacional", hace tres años la misma Corte de La Haya emitió un fallo que descartó el incumplimiento del Estatuto del Río Uruguay por parte del país vecino y también que la papelera sea contaminante.
El 4 de octubre de 2010, el alto tribunal falló que por mayoría de 11 votos a 3 que Uruguay "no incumplía las obligaciones" sustantivas que le impone el Estatuto del Río Uruguay de 1975 respecto de la autorización para que opere UPM (exBotnia) y por eso rehusó a ordenar que la planta fuera relocalizada.
Ése era el reclamo central de los asambleístas de Gualeguaychú, que llevaban tres años bloqueando de forma ininterrumpida el paso a la vecina Fray Bentos. En mayo de 2011, el Puente General San Martín finalmente fue liberado. Pero a las semanas, el Gobierno querelló a los principales asambleístas. Esta noche, la Asamblea Medioambiental de Gualeguaychú volvía a reunirse tras el informe que reveló Timerman.
¿Contamina o no contamina? Aquella sentencia de La Haya que luego debilitó el corte de los ambientalistas señalaba que la pastera no contaminaba el aire de la zona ni el Río Uruguay a través de los efluentes que la exBotnia arrojaba.
De hecho, un informe del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) señalaba en enero de 2009 que la papelera tampoco contaminaba. Es más, en su primer mandato, el gobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri aseguraba el 13 de diciembre de 2008 que "hasta el momento no se ha detectado" contaminación fluvial. Hoy el mandatario provincial acompañó a Timerman, quien brindó cifras sobre los supuestos efluentes "contaminantes".
Según había indicado Peter Tomka, vicepresidente de la Corte de La Haya, "Argentina no presentó pruebas suficientes para mostrar la relación entre los malos olores y la contaminación que pudiera estar provocando la papelera. No hubo impacto sobre el turismo".
Por otra parte, determinó que "no hay contaminación" del río Uruguay por parte de la pastera. "La Corte sostiene que no hay evidencias claras" de que haya "efectos nocivos" desde "que Botnia empezó sus operaciones en noviembre de 2007".
El Tribunal había establecido, además, que Argentina "no ha presentado elementos probatorios concluyentes" respecto de que la pastera haya lanzado efluentes al Río Uruguay más allá de los límites permitidos. En cambio, la Corte de La Haya destacó que Uruguay "ha presentado numerosos datos respecto del monitoreo de efluentes".
