Después de la escandalosa revelación del juez Norberto Oyarbide, el ministro de Salud de la provincia, Claudio Zin, echó a su "mano derecha", el subsecretario de Control Sanitario, Alberto Costa, por su supuesta vinculación con el caso de la "mafia de los medicamentos".
Para descartar cualquier otro punto de contacto entre su cartera y el tema, el organismo que conduce Zin emitió un comunicado en el que aclaró que " no tiene ningún vínculo comercial con la empresa San Javier, cuyo titular es Néstor Lorenzo y además la empresa no forma parte del registro de proveedores del Ministerio", informó la agencia de noticias DyN.
Asimimo, se recordó que el pasado jueves oficialmente se informó que la diputada provincial (FpV) de la sexta sección electoral Silvia Caballero "se hará cargo del área" hasta ahora ocupada por Costa "a partir del 10 de diciembre cuando venza su mandato de legisladora".
Así las cosas, desde la oposición piden la renuncia del ministro. El diputado provincia de la Coalición Cívica, Sebastián Cinquerrui, reclamó la dimisión de Zin. "Hay una responsabilidad que es política, no puede hacerse el zonzo porque Costa era su mano derecha", aseveró en diálogo con TN.
Oyarbide, en diálogo con periodistas cuando salía de su casa, fue consultado sobre si había "algún funcionario involucrado en la mafia de los medicamentos" y el juez contestó: "En las escuchas telefónicas hay diálogos muy complicados entre un subsecretario de Salud bonaerense de apellido Costa con Lorenzo", en referencia al "número dos" del Secretario de Salud bonaerense, Claudio Zin.
Oyarbide también confirmó que en el allanamiento a la casa de Lorenzo "encontré una serie de facturas que tienen que ver con posibles aportes a la campaña presidencial de Cristina Kirchner en 2007".
"La prueba fundamental está centrada en importantes escuchas telefónicas, altamente reveladoras que dan cuenta de conexión de importantes figuras de nuestra sociedad que se dedicaban abiertamente a la comercialización y adulteración de medicamentos oncológicos y para HIV", agregó.
El juez detalló que "también se vendían medicamentos robados que estaba prohibido comercializar porque era medicamentos que el Ministerio de Salud debe entregar en forma gratuita" y precisó que en la Obra Social Bancaria (OSBA) se entregaban "medicamentos que no surtían efecto en el paciente y habían sido vendidos por la droguería San Javier".
La propiedad de la droguería San Javier se atribuye a Lorenzo y los medicamentos, agregó el juez, eran "entregados por Baires Med que estaba vinculado a (Sebastián) Forza", uno de los tres comerciantes de medicamentos ejecutados en el Triple Crimen.
"Todas las personas que recibieron medicamentos en OSBA y advirtieron que no esos tratamientos no surtieron efecto que se dirijan al juzgado", instó Oyarbide.
Por último, Oyarbide informó que de las escuchas telefónicas "resultan diálogos sabrosos y atinentes entre el empresario Daniel Britos y el entonces superintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli, al cual echaron del Gobierno".
