“Que traigan al principito”, pidió el general Mario Benjamín Menéndez después de que Argentina invadiera las Islas Malvinas, el 2 de abril de 1982. Los británicos aceptaron el reto y Andrés de Inglaterra, quien había actuado como piloto de helicóptero a bordo de un emblemático portaaviones inglés, puso pie en las islas tras una guerra de 74 días.
Hoy, 34 años después, el príncipe Andrés de Inglaterra (entonces el famosos “principito”) atraviesa un tortuoso presente que nada tiene que ver ya con la popularidad con la que contaba en aquel entonces.
La fama del duque de York empezó a declinar cuando, en 2011, la organización WikiLeaks le adjudicó sobornos, corrupción y fraude, acusaciones que terminaron con parlamentarios pidiendo su renuncia como agregado comercial británico. Inmerso desde hace un año en una vorágine de informaciones y rumores que lo involucran en tramas de abusos sexuales a menores, vuelve a ser el protagonista de duras críticas de la prensa sensacionalista inglesa, ya que su nombre podría estar a punto de aparecer ante un juez. La socialité británica Ghislaine Maxwell, acusada de reclutar a adolescentes para ser “esclavas sexuales” del millonario Jeffrey Epstein, amigo íntimo del príncipe Andrés, ha recibido orden de un juzgado de Manhattan de entregar toda la correspondencia que ambos intercambiaron y que involucra este tema. La Justicia cree que la documentación sería prueba de que Epstein traficaba con mujeres para prostituirlas con sus amigos, políticos y hombres de negocios, entre los que estaría el príncipe de Inglaterra.
Mientras las acusaciones lo rodean, Andrés también tiene que lidiar con problemas domésticos. Hace dos semanas se encontró nuevamente en el ojo de la tormenta, luego de polémicas declaraciones de un empleado de la finca de Windsor, en donde vive desde que en 2003 su madre le regaló una casa dentro del terreno.
El trabajador les contó a los medios que el hijo de la reina Isabel, al volante de su Range Rover, forzó hace dos semanas la entrada de la finca, arremetiendo contra la valla metálica que le cerraba el paso. Aunque el hecho no se ha podido comprobar, lo acusan de salir indemne de una situación por la que, si fuera un ciudadano común, podría ser juzgado.