Un caso similar al de Juan Martín del Potro es el que está viviendo Lionel Messi en España, donde la Justicia lo investiga por la evasión de 4,10 millones de euros en 2007, 2008 y 2009 a través de la cesión de los derechos de imagen a “sociedades puramente instrumentales radicadas en paraísos fiscales” como Belice o Uruguay.
A esto se le suma que también firmó “contratos de licencia, agencia o prestación de servicios entre aquellas sociedades y otras instrumentales domiciliadas en jurisdicciones de conveniencia” en otros Estados como el Reino Unido o Suiza, donde tampoco debía abonar impuestos.
La Justicia española sostiene que el jugador y su padre, Jorge Horacio, utilizaban esta metodología para que el dinero pasara “desde los países donde radicaban las empresas o entidades pagadoras hasta las sociedades instrumentales domiciliadas en los paraísos fiscales, sin someterse prácticamente a tributación alguna”.
“Siempre hemos atendido todas nuestras obligaciones tributarias siguiendo los consejos de nuestros asesores fiscales, quienes se encargarán de aclarar esta situación”, afirmó el delantero en un comunicado cuando se conoció la evasión.
Si bien ya abonó los 4,10 millones de euros más los intereses que le reclamaban, la magistrada a cargo del Juzgado de Instrucción 3 de Gavá (Barcelona) rechazó el pedido de la fiscal Raquel Amado de archivar la acusación y ordenó seguir adelante con la causa.
Su decisión la basó en que el delantero “podría haber conocido y consentido la creación y mantenimiento de una estructura societaria ficticia, que tenía como única finalidad eludir el cumplimiento de las obligaciones tributarias derivadas de los ingresos generados por la explotación de sus derechos de imagen”.
De esta forma, Messi y su padre, a quien había responsabilizado por todos los manejos de su dinero, quedaron a un paso de ser enjuiciados por tres delitos contra la Hacienda Pública española, por los que podrían tener que pagar una multa de entre dos y seis veces lo evadido, y una pena de prisión de entre uno y cuatro años por cada uno de los cargos de los que se los inculpa.
