Como ya hemos dicho alguna vez en esta columna, todos los gobiernos se han equivocado en la gestión de la pandemia, en algún momento: muchos de los que fueron elogiados en la primera ola cometieron errores groseros en la segunda, muchos de los que se mostraron incompetentes en la primera ola aprendieron a hacerlo mejor a continuación. Respecto de la gestión del gobierno argentino hay infinidad de juicios, que mayormente dependen del alineamiento ideológico de quien los realiza: la polarización política, en nuestro país como en otros, afecta también la apreciación de la gestión de la pandemia.
Que todos los gobiernos cometan errores no significa que actúen con niveles de eficiencia semejantes, y el nuestro, considerando la tasa de muertos por millón de habitantes y el resultado económico del confinamiento no lo ha hecho, por así decir, especialmente bien.
Pero si la calidad de la gestión puede ser objeto de discusión y de valoraciones diferentes, lo que no puede ocurrir es que la sociedad no reciba información completa, confiable y oportuna. Actualmente, no se sabe qué acuerdos hay ya firmados para la provisión de vacunas, ni cual es la cantidad de dosis garantizadas. Tampoco se conocen los documentos que avalan la calidad de la vacuna Sputnik, que no cuenta con aprobación de la ANMAT, a pesar de que el plan estratégico para la vacunación establece la obligatoriedad de dicha autorización.
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La información que brinda el plan estratégico es vaga e imprecisa. Informa, por ejemplo, que “ya se han alcanzado acuerdos de adquisición de vacunas con algunas compañías farmacéuticas”, pero no precisa ni con qué compañías ni qué cantidad de dosis, ni a qué precios, ni para qué fechas.
A mediados de enero, la sociedad desconoce los compromisos alcanzados, si es que hay alguno además del conocido con Gamaleya, como también desconoce el calendario previsto para la vacunación, para cada población prioritaria y, naturalmente, la fecha en la que se prevé alcanzar inmunidad.
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La imprecisión o directamente ausencia de información puede obedecer a tres razones: que el gobierno no haya realizado acuerdos para la provisión de vacunas y por tanto esté impedido de planificar; pero también a un atávico desdén por la ciudadanía, a la que se trata con un paternalismo desdeñoso y a la que solo se le habla para darle instrucciones. Y, finalmente, a que el diseño gubernamental pretenda hacer de la vacunación una acción política, para capitalizar las acciones de vacunación en el marco de la campaña electoral. Lo más probable, lamentablemente, es que sean las tres razones las que explican que la sociedad esté en la oscuridad respecto de las acciones que podrían poner término, finalmente, a esta crisis.
El gobierno puede equivocarse, pero no puede seguir privando a la ciudadanía de información completa, confiable y oportuna.
