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SALUD / POLÉMICA
jueves 29 junio, 2017

Rechazo oficial al proyecto de ley antivacunas

El Ministerio de Salud de la Nación y las sociedades científicas criticaron la propuesta de la diputada nacional Paula Urroz (PRO) para eliminar la obligatoriedad del calendario nacional de vacunación.

por Florencia Ballarino

Las vacunas son seguras y salvan vidas Foto: Ministerio de salud bonaerense

“Una barbaridad, es algo descabellado”. Así calificó Jorge San Juan, subsecretario de estrategias de atención y salud del Ministerio de Salud de la Nación, el proyecto de ley presentado en el Congreso para eliminar la obligatoriedad del calendario nacional de vacunación. “El ministerio va a seguir con su conducta pro vacuna. Argentina es uno de los tres países que tienen uno de los calendarios de inmunización más completos, con 19 vacunas. Es un plan excelente y cubre todas edades. Acá nunca se hablo de reducir ni cambiar el calendario. De hecho, siempre buscamos ampliarlo”, le dijo San Juan a PERFIL. El fucionario se despegó del polémico proyecto presentado por la legisladora Paula Urroz del bloque de Unión Pro : “En ningún momento se nos consultó, ni se pidió asesoramiento”.

Desde el Ministerio de salud bonaerense también defendieron a las vacunas como herramienta de prevención. A través de un comunicado señalaron que “la inmunización es un componente esencial del derecho humano a la salud, además de una responsabilidad de individuos, comunidades y gobiernos, y debe considerarse como tal”. Se trata de “una intervención sanitaria preventiva mediante la cual podemos proteger a las personas de enfermedades muy graves, muchas de las cuales los padres hoy en día no conocen ni han podido ver sus efectos y secuelas debido a que la población ya está vacunada”, aseguraron desde la cartera a cargo de Zulma Ortiz.Y cuestionaron que se ponga en duda la vacunación, porque "el resultado de la indecisión es aumentar innecesariamente el periodo de exposición al riesgo de contraer una enfermedad prevenible".

Además de las criticas oficiales, el polémico proyecto también recibió el rechazo de la comunidad científica. “La vacunación, luego de la potabilización del agua, es el hito sanitario que más vidas ha salvado en el mundo a lo largo de la historia de la humanidad. Las vacunas son altamente efectivas en lograr prevenir algunas de las enfermedades infectocontagiosas más peligrosas que amenazan a los seres humanos”, explicaron en un comunicado conjunto la Sociedad Argentina de Infectología, la Sociedad Argentina de Inmunología y la Fundación Huésped. “Consideramos que esto indudablemente significará un retroceso en política sanitaria, con serias consecuencias potenciales para la salud de nuestra población y las futuras generaciones. El sólo hecho de que un niño pueda quedar desprotegido por falta de vacunación representa un peligro social, ya que no sólo él queda vulnerable sino que también pone en riesgo a sus semejantes al no contribuir a la inmunidad general de la población o “inmunidad de rebaño”, agregaron.

En la misma línea se expresó la Sociedad Argentina de Pediatría. “Las vacunas son una herramienta de equidad, porque llegan a todos los niños de los diferentes estratos sociales, son un elemento de solidaridad, porque cuando el individuo se vacuna, también reduce el riesgo para quienes interactúan con él, incluso no vacunados. La persona no vacunada constituye un riesgo para sí mismo y para quienes la rodean”. Y defendieron la eficacia y seguridad de las vacunas. “El proceso de aprobaciónde una nueva vacuna sigue rigurosas normas científicas. Los efectos colaterales son habitualmente menores y de menor riesgo que la infección natural”.

La iniciativa de la legisladora Paula Urroz del bloque de Unión Pro planteaba, entre otras cosas, que los adultos puedan desistir de la vacunación de los menores a su cargo. Y establecía que "se debe alertar sobre los riesgos de las vacunas y tras ello dejar a libre consciencia del adulto si el menor debe ser vacunado o no". No llegó a tratarse en comisiones pero generó una ola de críticas y alertó sobre la necesidad de que los legisladores tomen decisiones basadas en la evidencia científica.


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