El padre de Paulina Lebbos advirtió que seguirán las marchas en reclamo de justicia a fin de "visibilizar" la causa por el secuestro y asesinato de su hija, al cumplirse hoy ocho años del crimen que conmocionó a Tucumán y todavía sigue impune.
Alberto Lebbos, exfuncionario del gobierno de José Alperovich, atribuye las demoras en el proceso judicial a la participación de "los hijos del poder" en el crimen de la estudiante de Ciencias de la Comunicación, que tenía 23 años y era madre de una niña de 3 años.
"Las marchas desnudan la invisibilidad y si las dejamos de hacer es como que todo estaría bien. Si no hubiéramos marchado, la causa de Paulina estaría enterrada", aseguró.
Lebbos afirmó que "el reclamo popular presionó y posibilitó que muchos casos prosperen, nadie está preparado cuando le matan un hijo y menos para este tipo de batalla".
Según consignó la agencia DyN, el padre de Paulina encabezó anoche la movilización semanal número 386, en la plaza Independencia, en víspera del nuevo aniversario del crimen de su hija.
Según Lebbos, la movilización hizo confluir a diversos sectores sociales afectados por la violación de los derechos humanos.
A ocho años del asesinato de la joven, hubo hoy actos y otras actividades en la capital provincial, mientras en el centro porteño aparecieron carteles reclamándole al gobernador de Tucumán, José Alperovich, que "deje de encubrir" a los autores del crimen.
La causa Lebbos sigue sin esclarecerse, pese a que pasaron tres fiscales y hay dos personas con prisión preventiva por su supuesta responsabilidad en el hecho.
A raíz de la denuncia de Lebbos en cuanto a la participación de "hijos del poder" en el asesinato, el hijo mayor del gobernador, Gabriel Alperovich, pidió a la Justicia que dicte su sobreseimiento en la causa, pese a que no está formalmente acusado. La estudiante fue vista por última vez el 26 de febrero de 2006 a bordo de un taxi no identificado, al que subió con una amiga en una popular zona de boliches de Tucumán, inicialmente rumbo a la casa de su novio, adonde nunca llegó.
Nada se supo del paradero de la joven hasta el 11 de marzo de ese mismo año, cuando el cuerpo sin vida de la joven apareció al costado de la ruta 341, cerca de Raco. El proceso no tuvo avances hasta el año pasado, cuando pasó a la fiscalía a cargo de Diego López Ávila, quien dispuso la detención y prisión preventiva de Luis Gómez y Antonio Maximiliano Gallardo, tras detectar que ellos utilizaron el celular de la víctima.
Avila también acusó a los jefes policiales Héctor Brito y Nicolás Barrera, por adulteración de pruebas.
