Aborto: para la Iglesia, el Gobierno mata la democracia
Un organismo episcopal se refirió de esta manera a las autoridades públicas nacionales y
provinciales que intervinieron en la
autorización del aborto de una menor violada. Acusaron a los jueces de
prevaricato.
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Cedoc
El aborto ordenado por la Justicia de Entre Ríos y abalado por el ministro de Salud Ginés González García realizado a la menor discapacitada que quedó embarazada luego de una violación dio pie para que nuevamente la iglesia apunte con fuerza contra el Gobierno Nacional. " Cuando quien mata es el gobierno, pierde toda credibilidad y también muere la democracia", advirtió ayer un organismo episcopal.
"Todo problema humano tiene una solución humana. La adopción es la respuesta a la pobreza, la incapacidad o la imposibilidad de criar un niño. Matar es inhumano. Cuando quien mata es el gobierno, pierde toda credibilidad y también muere la democracia", subrayó el Secretariado Nacional para la Familia, de la Conferencia Episcopal Argentina.
El organismo eclesiástico se refirió de esta manera a las autoridades públicas nacionales y provinciales que intervinieron "en el asesinato de un niño por nacer". Además, acusó de prevaricato a los jueces del Tribunal Superior de la provincia de Entre Ríos, que determinó que los médicos debían decidir si era oportuno interrumpir el embarazo de la joven.
Tras enumerar los pasos del proceso que, al entender del organismo eclesiástico, desembocaron en "un nuevo homicidio intrauterino", el organismo cuestionó la "insólita" decisión del Tribunal Superior que "condenó a muerte a la persona por nacer, en lugar de aceptar el pedido de su abuelo", que se ofreció a adoptarla.
El Secretariado cuestionó, además, que la Corte entrerriana fundamentó su decisión en el caso " Tanús", por el cual la Corte Suprema "autorizó un aborto, declarando constitucional el artículo 86 del Código Penal", sobre abortos no punibles.
"En verdad dicho fallo dejó expresamente aclarado que el caso fue un adelantamiento del parto, pues el feto era viable y, por tanto quedaba excluido el aborto", explicó.
El organismo episcopal insistió en que " fundar un fallo en una falsedad es un delito, se llama prevaricato", aunque aclaró que "aún no se inició el proceso de destitución de los firmantes de ese fallo inicuo".
