La medida cautelar que ordenó Bonadío que debe regir durante los próximos siete días hábiles a contar desde ayer, fue dispuesta a raíz de una denuncia formulada por el titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (UFISES), Guillermo Marijuan.
Las AFJP están en la mira por presuntas maniobras fraudulentas en detrimento del Estado y los ahorros de los trabajadores que optaron por ellas. En los allanamientos, se llevaron materiales varios, incluyendo computadoras, informó el canal TN.
La medida fue solicitada para evitar "serios e irreparables perjuicios de imposible reparación ulterior, no sólo a sus afiliados sino también al Estado nacional", según consta en la denuncia del fiscal.
La Fiscalía atribuye a las Administradoras de Fondos de Jubilados y Pensionados el presunto delito previsto en el artículo 174 del Código Penal, que establece penas de dos a seis años de prisión a quienes cometieren fraudes en perjuicio de la administración.