En la ciudad de Buenos Aires, el narcotráfico caló hondo en los barrios más necesitados. Desde 2005 en adelante, el negocio de la droga logró instalarse en algunas de las villas más pobladas del área metropolitana, por lo que a los problemas de pobreza, hacinamiento y la necesidad de una vivienda digna, se suman los casos de crímenes relacionados a enfrentamientos entre bandas o ajustes de cuentas. Así, quienes antes hablaban del barrio con orgullo, hoy están desesperados por soluciones, sobrepasados por la situación de violencia.
La “carpa villera” que se instaló la semana pasada en la Plaza de la República, a metros del Obelisco es una muestra de esta cuestión. La situación habitacional va de la mano con la proliferación de bandas organizadas que ocupan terrenos en villas porteñas. La 1-11-14 de Bajo Flores, y la 21-24 de Barracas, son conocidas por ser los principales centros de acopio de marihuana y cocaína.
Para “recuperar” esos territorios, desde el Instituto de Políticas de Planificación, que preside el ex legislador porteño Diego Kravetz, proponen una ley que crea Unidades de Pacificación Policial (UPPs), un cuerpo especializado de la Policía Metropolitana, cuya función sería llevar adelante tareas de pacificación con sedes en áreas determinadas, como villas y asentamientos.
El proyecto también implica la creación de Unidades de Pacificación Social (UPSs), que acompañarían la tarea de la policía en la restauración del orden y la intervención del Estado en aquellas zonas que vayan siendo recuperadas. Es decir, una vez que la UPP consigue instalarse dentro del lugar de acción y recuperar el control del territorio, da paso a la llegada de otros servicios públicos y privados que permitan la reinserción de los habitantes en la sociedad.
“La discusión sobre urbanizar o erradicar villas perdió el sentido, hoy el único camino posible es el combate al narcotráfico para convertirlas en barrios”, dice Kravetz. En la Ciudad de Buenos Aires, las UPP estarían conformadas por 400 agentes, siempre que el lugar donde operen tenga una población mayor a las 20 mil personas (cifra que es superada en las cuatro principales villas porteñas). Se trata de una iniciativa popular, por lo que necesitan conseguir 40 mil firmas para que la Legislatura la trate de manera obligatoria.
En su edición de ayer, PERFIL dio cuenta de otro caso vinculado al narcotráfico en la villa 1-11-14 del Bajo Flores, donde en un operativo de seguridad se desbarató una banda narco que comercializaba cocaína y paco. Allí secuestraron armas, autos de alta gama, explosivos, droga y hasta dos chalecos antibalas y una chapa de la Policía Federal. A su vez, según la Justicia Federal, hay cuatro mil menores que entran y salen en forma constante de los juzgados penales, que consumen y trafican droga que se compra o distribuye en las villas.
En ese contexto, el antecedente de las UPP más cercano es el de Brasil, donde se crearon por mandato del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en 2008, con el objetivo de combatir el crimen organizado y el tráfico de droga. Allí, más de un millón de personas vive en las favelas que hay tanto en Río de Janeiro como San Pablo, dos de las ciudades donde se concentra la mayor cantidad de barrios de emergencia de todo el país.
Desde que se crearon las UPP, ya fueron pacificadas 39, que vieron mejorar su condición de barrios, aunque en el último tiempo se han producido casos puntuales de violencia entre la policía militar y los narcos, que buscan recuperar el terreno perdido. Y si bien la situación brasileña no es la misma que en Argentina, principalmente por su extenso territorio, el caso sirve para sentar antecedente, ya que aquí la población en las villas o asentamientos está mucho más concentrada, lo que daría mayores márgenes de control. Así, mientras La Rocinha, una de las favelas más conocidas, que tiene un total de 69.161 habitantes, representa el 4,8% de la población de asentamientos de Río, aquí la 21-24 de Barracas, con 29.782 habitantes, representa el 18,2% de las personas que viven en los asentamientos porteños
