Tres semanas atrás, mientras Hebe de Bonafini prometía escrachar públicamente a los jueces de la Corte Suprema de Justicia por no apoyar la ley de medios, un ex trabajador de la droguería Leanity me relató su experiencia personal con los hermanos Sergio y Pablo Schoklender. Para el ex apoderado de la Fundación, vincular a la supuesta estafa en la construcción de viviendas con la mafia de los medicamentos era un invento del juez federal Norberto Oyarbide.
Sin embargo, el testigo clave me explicó detenidamente de qué manera funcionaba la empresa fantasma, situada en el municipio de Lanús y que la manejaba Juan Manuel Digón, hijo del histórico dirigente xeneixe, Roberto, y de la ex diputada Lili Domínguez: "La madre era la que tenía el enganche con el gobierno, de ahí vino todo, ella tenía una mano con las Madres y con los Schoklender".
El armado de la droguería era vital para abastecer de medicamentos los centros de salud y hospitales que inauguraba la Misión Sueños Compartidos pero el negocio quedó trunco a mediados del 2009 cuando una inspección descubrió que, en la droguería de Lanús, se compraban medicamentos robados, en algunos casos, o sin troqueles, en otros y sin la respectiva documentación. En esa oportunidad, los lazos con funcionarios políticos y con los sindicatos implicados como el de los panaderos, el IOMA, Pami y hasta con fundaciones como la de Favaloro, impidieron que el escándalo fuese público.
El informante cuenta que en cada organismo o sindicato tenían un contacto adentro e incluso en la propia Fundación Favaloro había una persona a quien acudir para conseguir mercadería más barata a cambio de un “ANA ANA” –la forma en que los médicos rebautizan a la coima-.
Al estallar el escándalo Schoklender, la gran pregunta que el grueso del periodismo se ha realizado es si Hebe de Bonafini sabía o ignoraba lo que pasaba dentro de su Fundación. El ex empleado de la droguería está convencido que estaba al tanto de todo pues “el contacto en la Fundación era Hebe, la íbamos a ver a ella directamente y hasta viajamos con ella en los aviones de Meldorek al Chaco”.
El testigo explica la forma en que se manejan los fondos públicos en la obra pública en tiempos kirchneristas: “Habíamos ganado una licitación (aunque los convenios venían abrochados desde Casa Rosada) por cuatro millones de pesos para construir un hospital que no había nada, teníamos que comprar un tomógrafo nuevo pero buscábamos uno usado, nos daban la orden para que consiguiésemos alguien que lo pintase, lo llevábamos y después la Presidenta inauguraba todo; pero el hospital se caía a pedazos, colgábamos cuadritos para disimular las paredes que se caían a pedazos”.
Los fondos que se recibieron para esa licitación, su propio jefe, Juan Manuel Digón le decía, según el testigo: “De los 4 millones, un millón va para la Fundación y el otro sube a Presidencia. Con lo otro, hay que comprar la mercadería con los materiales hospitalarios”.
La feria judicial terminó. En su regreso al trabajo, el juez Norberto Oyarbide tuvo una intensa jornada laboral. Por ahora, la titular de las Madres de Plaza de Mayo critica a la Corte Suprema de Justicia por no acabar con los supuestos monopolios mediáticos y calla en relación con la tarea del hombre a cargo del Juzgado Federal Nº5 en Comodoro Py.
Solo el tiempo y el cambiante contexto político darán una respuesta al gran interrogante sobre la complicidad o inocencia de Hebe de Bonafini en la malversación de fondos públicos en la construcción de viviendas en un escándalo que incluye al negocio de los medicamentos. Ex empleados de la Fundación y los pocos que aún subsisten allí, cada día que pasa, tienen menos dudas sobre el rol de ex madre putativa de Sergio Schoklender.
Los dichos del ex empleado de la droguería Leanity formaron parte de la declaración testimonial que brindé el 1 de febrero, durante casi tres horas, el juzgado federal Nº5 a cargo del juez Norberto Oyarbide. El libro de mi autoría, El negocio de los Derechos humanos (Sudamericana, 2012), también fue incluido como material de prueba. Hebe de Bonafini podría ser llamada a declarar como testigo en una causa que investiga el hecho de corrupción más escandaloso de los gobiernos kirchneristas.
(*) Autor de El negocio de los Derechos humanos (Sudamericana, 2012)
Twitter: @luisgasulla
