Las pintadas que esporádicamente suelen aparecer en las paredes de la Legislatura o el Palacio de Gobierno porteño podrían convertirse en una constante. Para que esto suceda debería avanzar, tal como está previsto, un proyecto de ley que fija la creación de un registro de grafiteros como también de fachadas particulares y de edificios públicos donde estos artistas urbanos puedan plasmar sus trabajos.
La iniciativa impulsa el Registro de Intervenciones Artísticas en Fachadas, en el que deberán anotarse todos los grafiteros urbanos que quieran tener acceso a trabajar sobre aquellas paredes –de casas particulares, empresas y hasta organismos públicos– que en primer término las comunas y luego el Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño definan como aptas para tal fin.
Hoy la actividad está prohibida por el artículo 80 del Código Contravencional de la Ciudad, que fija penas de uno a quince días de trabajo comunitario o multa de $ 200 a $ 3.000 para quien manche o ensucie bienes de propiedad pública o privada. Y si el hecho se produce, por ejemplo, sobre estatuas o monumentos –una práctica que a la Ciudad le cuesta casi $ 1 millón por día– la sanción se duplica.
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