Mientras que se reactivó la polémica sobre los lugares de arresto de acusados por crímenes de lesa humanidad luego de la muerte del represor Héctor Febres, el ex gobernador de Tucumán Antonio Domingo Bussi gozaba hoy del beneficio de la detención domiciliaria.
En medio de un discreto operativo de seguridad, Bussi fue trasladado ayer por la tarde desde el ex arsenal Miguel de Azcuénaga, perteneciente al Ejército y donde funcionó el centro clandestino de detención y exterminio más grande del Noroeste argentino, al Yerba Buena Golf Country Club.
En ese elegante barrio, el hijo del represor, Ricardo Bussi, legislador provincial y ex senador nacional, tiene una propiedad.
El beneficio de prisión domiciliaria del ex jefe del Operativo Independencia había sido otorgado por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, y lo puso en marcha el conjuez federal Santiago Casanova.
Es que los dos jueces federales subrogantes, Gabriel Bejas y Mario Racedo, estaban de licencia, la que fue solicitada porque ninguno de los dos magistrados estaba de acuerdo con la medida y rehusaron firmarla.
El permiso a favor del represor se concretó el mismo día en que la Asociación Abuelas de Plaza Mayo solicitó a la Justicia que los militares detenidos por violaciones a los derechos humanos en unidades castrenses sean "trasladados de inmediato" a cárceles comunes del Servicio Penitenciario Federal.
Bussi está procesado y con prisión preventiva por una docena de causas por desaparición, torturas y asesinatos ocurridos en Tucumán en el período '76 y '77.
El general retirado también enfrenta juicios por otras 400 acusaciones de secuestros y homicidios y por su participación en el Plan Cóndor, la represión conjunta dispuesta por las dictaduras latinoamericanas en la década del '70.
La primera detención de Bussi se produjo el 15 de octubre de 2003, en el marco de la causa por la desaparición del senador provincial peronista Guillermo Vargas Aignasse, ocurrida en abril de 1976. En ese momento, el ex represor había sido electo intendente de la capital tucumana, pero no pudo asumir el cargo.
Esta es la segunda vez que Bussi es alojado en un domicilio privado, ya que entre enero de 2004 y marzo de 2006 estuvo en un coqueto country de Pilar, provincia de Buenos Aires, donde vive su hija Claudia.
La defensa del militar solicitó una nueva autorización para vivir en la Capital Federal, cerca de los médicos del Hospital Militar que lo atienden de sus dolencias cardiovasculares, propias de quien en enero cumplirá 82 años.
La esposa de Bussi, Josefina Bigolio, oficia de garante para asegurar que no hay posibilidad de fuga de su marido, quien tendrá una custodia policial permanente.
Fuente: DyN