Este año peligra nuevamente el comienzo de las clases en las escuelas públicas. Así se evidencia en distintos distritos del país.
Si todo sigue como hasta hoy, este año -otra vez- los padres de la escuela pública en Argentina el primer día de clase se encontrarán con docentes que darán un discurso de "lucha", mientras desde ya les avisan que no les darán clase a sus hijos, pero que no se preocupen porque es por una causa justa, y que -con su actitud de "lucha"- están enseñando a los niños a "luchar". No encontrarán maestros que les informen acerca de cuál es la propuesta del Proyecto Institucional para este año, ni como planificarán sus objetivos para lograr los mejores resultados académicos en sus hijos, sino un discurso político que dejará en evidencia un importante problema de contexto. En ese momento, al retirarse de la escuela con su hijo de la mano, este padre de escuela pública comprenderá que la educación de su hijo ha quedado postergada por un conflicto que lo pondrá en desventaja con respecto a los niños que realizan su escolaridad en la educación privada. Y, como es de imaginar, se preguntará si esta situación que lo perjudica se hubiera podido evitar.
Con la renovación generacional que abonaron reiteradas jubilaciones masivas, la educación pública se ha transformado en un lugar de experimentación política con el fin de trasladar a dicho ámbito disputas partidarias. La planificación anual, el estudio de su área específica, el diagnóstico de los niños con los que trabaja, el acompañamiento de sus aprendizajes, la evaluación, la permanente actualización de sus saberes didácticos, y la comprensión de lo que enseña desde el plano teórico parecen el relleno de un muñeco fabricado para ser agente del conflicto. La educación pública se ve degradada puesta como espacio de contiendas políticas que dejan de lado sus fines intrínsecos para poner en primer plano tensiones de otra índole. Si el plano de lo público es lo común a todos los actores sociales, sostener la calidad del sistema educativo público es una responsabilidad compartida por cada uno de ellos desde el lugar que ocupe.
El folklore del conflicto docente, del maestro postergado, del luchador avasallado en sus derechos puede ser modificado con decisiones políticas que concreten mejoras razonables. Una oferta salarial posible dentro de los cálculos de inflación anual sería la más apropiada. Se trata de equiparar la oferta de educación pública a la privada en calidad y derechos salariales en un área que se sostiene con los impuestos ciudadanos.
El gobierno hace política gestionando los recursos que recauda equitativamente. Los docentes hacen política concretando en las aulas de clase el arquetipo de sociedad explicitado en el diseño curricular.
El voto popular acompaña a los gestores que son capaces de prevenir conflictos.
(*) Educadora.
