Caso Wikipedia: “Tras leyes restrictivas, se esconde la censura”, afirman editores

Esta semana, parte del mundo estuvo 36 horas sin Wikipedia: en algunos idiomas –como el español– el servicio dejó de funcionar hasta el jueves porque el Parlamento Europeo votó sobre su destino y el de otras plataformas digitales (ver aparte). La “enciclopedia libre” entiende que esta legislación va contra la libertad de información y conspira contra el espíritu de la web. Las redes sociales dividieron aguas a favor y en contra.

Pero más que detallar los argumentos en torno a una legislación, tratemos de pensar qué está en juego, qué deparan estas formas de circulación del saber. Para Alejandro María Correa, investigador en Medios de Comunicación, “fue muy fácil cobrar productos tangibles para entregar los contenidos porque el valor lo fijaba el costo industrial: un CD, libro, diario tienen costos reales pero al despojarse de los átomos quedaron sin una justificación. El nuevo territorio creó un vacío de poder que facilitó la aparición de nuevos actores que entienden a los derechos de autor como un servicio más que como una propiedad inviolable”. El escenario ya está instalado: los gigantes de la web, buscadores y redes sociales, manejan las audiencias cautivas, así como las necesidades de búsqueda de los usuarios, por algo el creador de Facebook tuvo que dar testimonio ante los congresistas norteamericanos y europeos. Los datos sobre los usuarios, sus conductas y preferencias, no son gratuitos, también son un valor nuevo, intangible, pero muy poderoso.

Mirada local. En Argentina la situación también es preocupante, todo el arco cultural se ve afectado por la piratería y el uso indiscriminado de todo tipo de contenidos multimedia. Para Ana María Cabanellas, vicepresidenta de Cadra (Centro de Administración de Derechos Reprográficos), “la ley de derecho de autor argentina sigue siendo la mejor herramienta para defender las obras publicadas en nuestro territorio. Y se debe ser muy cuidadoso ante cualquier modificación o adaptación que se quiera hacer por lo que ocurre en internet. Por eso es importante observar qué pasa con esta legislación en el Parlamento  Europeo, de qué manera enfrentan la terrible sangría de las industrias culturales, como es el caso de la música. Recomiendo que lean la carta de Paul Mc Cartney a los legisladores europeos, es muy lúcida”. En el mismo plano, Luis Quevedo, gerente general de Eudeba, afirma: “La legislación más avanzada en estos temas es la europea, y dentro de ella, la francesa. Ahora, que se quiera limitar a los grandes prestadores de internet sobre la gratuidad es una respuesta que intenta proteger un patrimonio humano fundamental: la cultura. Eudeba tiene como misión difundir el pensamiento, las ideas, las investigaciones de sus científicos e intelectuales, por eso trabajamos en libros de bajo precio y en el desarrollo de plataformas para libros digitales. Pero ocurre que los prestadores de internet encontraron un vacío en la fuente de conocimiento que, justamente, se ha convertido en mercadería muy valiosa”.

Según Correa,  “muchos entienden que detrás de las legislaciones restrictivas se esconden nuevas formas de censura”. Y agregó: “Se ha creado una fantasía de portabilidad, acceso, recursos, incluso de un poder irrevocable de los usuarios que muerde la cola a la estructura que la sustenta. Porque es innegable que alguien paga para que internet exista”.

El término “contenido” es la sombra que acosa al sistema de circulación de bienes de la cultura (algo así como su cosificación), mientras el término “derecho” es el que se esgrime para la defensa de la creatividad. Cabanellas agrega: “El tema se viene tratando desde el año 2000: la descarga indiscriminada en la web afecta tanto a los derechos de autor como a los del editor. Una de las formas de evitarlo es darle a cada contenido un DOI (identificador de objetos digitales, en inglés), que es un código digital con el que el autor habilita el tipo de uso, la cuestión es que se lo aplique como norma generalizada”.  

Queda el fantasma de la libertad abriendo interrogantes: ¿por qué Google y sus pares coinciden con Wikipedia en oponerse a la legislación europea? ¿Acaso los gigantes financiaron un caballo de Troya digital?

Una votación que despertó polémica

El jueves pasado, en una sesión polémica, el Parlamento Europeo votó el rechazo de la modificación de ciertos artículos de la ley de derecho de autor para dicha región. 318 eurodiputados votaron el rechazo, 278 en contra y 31 se abstuvieron, y el proyecto volvió al Comité de Asuntos Jurídicos para que se modifique para un nuevo tratamiento en septiembre.

En sí, la modificación contemplaba los artículos 11 y 13 que implicarían la responsabilidad de las plataformas digitales (YouTube, Facebook, Google y demás) sobre la administración del origen legal de los contenidos que adjuntan los usuarios, así como la compensación económica para los medios de comunicación por compartir fragmentos o la totalidad de artículos originales.

Esto último también contempla una “remuneración justa” para todos los dueños de derechos (músicos, escritores, editores, etcétera) que se ven afectados por la exposición indiscriminada de sus obras en la web.