A una semana del nacimiento de Tiempo Argentino –que presenta una línea editorial cercana al Gobierno–, y mientras peligra Crítica de la Argentina –que cuestionó las políticas del oficialismo–, el debate propiciado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que promueve un 33% de medios públicos en la Argentina, se proyecta en la región. En América del Sur el mapa de diarios públicos y estatales se extiende por Ecuador, Chile, Venezuela y Bolivia.
El enfrentamiento entre presidentes latinoamericanos con elevados índices de popularidad y los medios masivos de comunicación reemplazó la lógica división entre oficialismo y oposición y precipitó una polarización ideológica, en la cual los medios tomaron posiciones críticas o, por el contrario, afines a los Ejecutivos, redefiniendo el debate acerca de cómo informar a la sociedad.
“La credibilidad del gobierno está por encima de la de los medios de comunicación”, disparó el presidente ecuatoriano Rafael Correa en 2009, cuando defendía su propio proyecto de Ley de Comunicación que se debatía en la Asamblea Nacional de su país, señalando quiénes serían sus rivales durante su segundo mandato.
“Por más que el Estado es el empleador y les paga el sueldo a los periodistas, el pluralismo está vigente en este diario. Hay editorialistas que tienen una posición contraria al gobierno y se les permite críticas a determinadas políticas”, afirmó desde Guayaquil a PERFIL Máximo García, director de El Telégrafo, un diario que fue incautado por el Estado y hace dos años es público. García asumió hace dos meses, tras un conflicto en el que 24 periodistas renunciaron denunciando censura y repudiando el despido de su anterior responsable editorial, Rubén Montoya.
El enfrentamiento entre Correa y los medios privados alcanzó su máxima tensión cuando las autoridades ecuatorianas decidieron multar y suspender por tres días al canal Teleamazonas, crítico con la gestión del primer mandatario.
